"Luego de varios meses encajonado, este juicio político (…) contra la ministra del Interior por graves problemas de seguridad interna (…) ha sido admitido a trámite", dijo la asambleísta Cristina Reyes, integrante del CAL.
La acusación de incumplimiento de funciones obedece a la crisis carcelaria que se vivió en meses pasados y dejó como saldo el fallecimiento, durante actos violentos al interior de los centros de detención, de varias personas encarceladas; el mal uso de bienes públicos obedece a la utilización de parte de Romo de un helicóptero de la Policía para trasladarse, junto con el exsecretario anticorrupción, a un balneario durante el feriado de Carnaval.
El pasado 24 de septiembre, la asambleísta Amapola Naranjo, del bloque legislativo Revolución Ciudadana (cuyo máximo líder es el expresidente Rafael Corea, 2007-2017) presentó una solicitud de juicio político contra Romo, acusándola de la crisis penitenciaria que sacudió al país, el incremento de femicidios, e incumplimiento de la ley para erradicar la violencia contra mujeres.
El miércoles, después de adoptada la decisión del CAL, Romo dijo que los funcionarios públicos están sujetos a fiscalización y que es natural que den explicaciones sobre sus actos y decisiones. "Lo he hecho en el pasado, lo voy a hacer ahora también", sostuvo.
El CAL deberá ahora notificar de su decisión a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para que se inicie el trámite.