"Si la búsqueda de la paz social y el combate a los grupos violentos generaron errores o se afectaron derechos humanos implementaremos las medidas legales correspondientes, como cualquier Gobierno democrático, en el marco siempre del Estado de Derecho", dijo el Primer Mandatario durante la inauguración, en Quito, del 174 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"El mundo entero presenció cómo el Ecuador salió airoso de un violento intento de golpe de Estado, estuvo en riesgo lo más sagrado y preciado que tenemos: los derechos humanos de toda la sociedad ecuatoriana", añadió.
Aseguró que la actuación del Estado para resguardar los derechos de todos sus habitantes requirió del uso de la Policía. "Que se me oiga bien, nuestros hermanos uniformados lo hicieron observando estrictamente las reglas a las que se encuentran sometidos", enfatizó.
El mandatario recordó que bajo el paraguas del derecho a la resistencia, durante las protestas se incendiaron edificios públicos como el de la Contraloría de la Nación; se paralizaron pozos petroleros y sistemas de agua potable, robaron vehículos de carga, asaltaron varias antenas de transmisión, se intentó incendiar un canal de televisión, se destruyeron pequeños negocios, industrias de alimentos y producción; se derramaron en carreteras miles de litros de leche.
Aseguró que los policías y militares secuestrados fueron humillados, agredidos y vejados, pues se los obligó a desnudarse en público, hubo policías quemados, dos perdieron un ojo, 12 tienen severas afectaciones a la vista y centenares tienen fracturas y roturas de cabeza.
Citó el caso de policías mujeres, entre ellas una embarazada, secuestradas por cinco días y llevadas a golpe de palos al sitio donde permanecieron siempre desnudas, humilladas.
Una de ellas, dijo Moreno, relató cómo sus compañeros varones eran golpeados en la cara y cabeza, les regaban gasolina y les amenazaban con incinerarlos; "en la Casa de la Cultura (uno de los centros de concentración de los protestantes) les amenazaron con aplicarles justicia indígena, diciendo que sus cuerpos serían un trofeo de venganza de sus pueblos. Nunca vimos (en Ecuador) algo de esas características y calificado como protesta pacífica", lamentó el Presidente.
Durante las movilizaciones y protestas hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo y una serie de hechos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país.
Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, 202 retenidos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados.