"Queremos anular el alza en el precio de la energía que habría afectado a casi siete millones de chilenos, y lo hacemos retrotrayendo el precio que existía antes de esta alza, lo que sin duda significa un alivio en la cuenta de la luz", afirmó el mandatario en conferencia de prensa desde La Moneda, sede del Gobierno.
El proyecto fue redactado de manera exprés por el Gobierno, luego de que el martes el mandatario anunciara la creación de una "agenda social", una serie de medidas políticas y sociales en respuesta a las masivas protestas ciudadanas que se han registrado en el país sudamericano en los últimos días.
Asimismo, el jefe de Estado anunció que ya están terminando la redacción de otro proyecto de ley que permite un alza en las pensiones de vejez para los jubilados, las que serán costeadas por el fisco.
"Ese proyecto será ingresado mañana al Congreso", dijo.
También realizó un balance de la noche del miércoles 23 de octubre, cuando se produjo la sexta jornada de manifestaciones en todo el país.
"La situación de orden público y de seguridad está mejorando, y estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país y nuestros compatriotas, lo que significará reducir los periodos de toque de queda", adelantó.
Las movilizaciones en Chile comenzaron el lunes 14 de octubre debido al alza del precio del pasaje del Metro de Santiago, y a pesar de que el 19 de octubre el presidente anunció que no se aplicará el aumento, las protestas continuaron.
El día 19, las manifestaciones se extendieron a todo el país y se tornaron mucho más intensas, incluyendo barricadas, saqueos e incendios.
Para combatir a los manifestantes, el Gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, decretó Estado de Emergencia en las principales ciudades e instauró toque de queda en las mayores urbes del país, medidas que aún no han sido levantadas.
Hasta el momento se ha denunciado que las Fuerzas Armadas han participado directamente en cinco de las muertes, ya sea disparando a manifestantes, o atropellándolos.
Tres militares han sido puestos a disposición de la justicia por aquello, y uno de ellos quedó en prisión preventiva.
Además, este 23 de octubre el Instituto Nacional de Derechos Humanos reveló una denuncia sobre la existencia de un posible centro de torturas clandestino en la estación subterránea de Metro Baquedano, en el centro de la capital; los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía para su investigación.