"Todos a la calle. El Estado español condena el derecho a la autodeterminación", escribió la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las mayores entidades independentistas del ámbito civil, en un mensaje publicado en Twitter.
En ese mensaje, la ANC afirma que "ha llegado la hora de responder masivamente" y llama a todos los ciudadanos a "salir a la calle" pase lo que pase.
Pocos minutos después de que el Tribunal Supremo hiciera público el fallo, cientos de personas realizaron cortes de carretera en distintos puntos de Barcelona y se reunieron frente a edificios gubernamentales.
Una de las mayores concentraciones tiene lugar en la Plaza Cívica de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde los estudiantes vaciaron las aulas para sumarse a la protesta.
Por el momento, los actos de protesta se desarrollaron sin ningún incidente reseñable.
El Tribunal Supremo anunció este 14 de octubre las condenas contra los líderes independentistas catalanes por el proceso político que llevó a la convocatoria del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y a la posterior adopción de una declaración de independencia que no llegó a ser aplicada.
La mayor condena recayó sobre el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición agravado por otro de malversación.
Por su parte, los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron condenados a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición sin concurrencia de malversación.
Esa misma tipificación y condena fue aplicada para otros dos exconsejeros del Gobierno catalán (Joaquim Forn y Josep Rull) y para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.
Finalmente, otros tres antiguos integrantes del Gobieno catalán (Santi Vila, Meritxell Borás y Carles Mundó) fueron condenados por un delito de desobediencia, con una pena consistente únicamente en el pago de una multa y en inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
El fallo descartó condenar a los acusados por un delito de rebelión —el más grave de los que se les acusaba— pese a considerar "probada la existencia de violencia" en el proceso independentista.
No obstante, el fallo establece que "los acusados propiciaron un entramado jurídico paralelo al vigente" y "promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas".
Para ello —prosigue el fallo— los líderes independentistas "movilizaron a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario" cuyo objetivo era impedir la aplicación de la ley, por lo que considera pertinente la emisión de condenas por un delito de sedición.