El presidente del Perú, Martín Vizcarra, ordenó disolver el Congreso de la República y convocar elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. El mandatario peruano recurrió a una norma constitucional que le permitía disolver el Parlamento si el organismo denegaba la cuestión de confianza al Consejo de Ministros, que fue encabezado por Salvador del Solar.
El Parlamento peruano ya había denegado la confianza al Consejo de Ministros en 2017, en aquel entonces presidido por Fernando Zabala. Por lo cual el dirigente de la nación tuvo derecho a cerrar el legislativo.
Vizcarra anunció su decisión después de que el Congreso eligiera el 30 de septiembre a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional sin tener en cuenta el derecho que la Constitución otorgaba al propio presidente de la nación, quien buscaba hacer estancar el proceso. El legislativo planeaba elegir a seis de los siete miembros del tribunal, pero hasta ahora ha designado solo a uno: a Gonzalo Ortiz de Zevallos.
La moción de confianza preveía alterar la manera en la que se eligen los candidatos a dicho organismo judicial con tal de hacer más transparente este proceso. Vizcarra, por su parte, declaró que la mayoría de los parlamentarios busca a magistrados "que respondan a sus intereses" y que estos "no son los intereses de la nación".
¿Dónde radica el conflicto entre el Congreso y el presidente?
Actualmente el Congreso está dominado por el fujimorismo —contrario al presidente Vizcarra—, representado sobre todo por el partido Fuerza Popular y por sus aliados derechistas, quienes juntos ocupan más de 80 de los 130 escaños en el Parlamento del país. Como era de esperar, los partidarios del fujimorismo no están de acuerdo con la decisión del dirigente. Los 50 diputados restantes —la oposición parlamentaria— en la situación actual aceptaron la disolución de la Cámara.
En su lugar designaron como presidenta interina a Mercedes Aráoz, quien ocupó el cargo de la vicepresidenta del país. Al juramentar Aráoz declaró que Vizcarra "ha fallado" porque no cumplió con tres artículos de la Constitución.
El presidente, entretanto, tras cerrar el Congreso nombró a Vicente Antonio Zeballos Salinas nuevo presidente del Consejo de Ministros peruano. Su predecesor, Salvador del Solar Labarthe, se vio obligado a renunciar a su cargo por las acciones del Congreso encaminadas a elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, si la cuestión de confianza le es rehusada al Consejo de Ministros se produce la crisis total del gabinete, en otras palabras, los ministros restantes también abandonan sus funciones.
¿Cuáles han sido las reacciones al cierre del Congreso?
La actitud agresiva de algunos parlamentarios hacia Vizcarra no solo se puede palpar en el ambiente, sino también escuchar en sus declaraciones.
En particular, la portavoz de Fuerza Popular, Milagros Salazar, dijo que el presidente "tiene ese ADN de dictador". El diputado del Partido Aprista Peruano Jorge del Castillo, por su parte, manifestó que las acciones del mandatario constituyen "un golpe de Estado" y que hacen "un daño enorme" a Perú.
Sin embargo, los pasos dados por el propio Congreso peruano para elegir a un nuevo jefe de Estado podrían ser tachadas de intentona golpista.
En su cuenta oficial de Twitter el Congreso apuntó que "no es la primera vez que el presidente Vizcarra presenta cuestiones de confianza bajo la amenaza de la disolución del Congreso, con el objeto de obtener la aprobación de sus propuestas". En su tuit la Cámara calificó las acciones del mandatario de "amenaza a la democracia y al orden constitucional". Además, informó que envió cartas sobre la situación a la ONU y a la OEA.
En medio de la crisis política actual los militares y las fuerzas de seguridad del Perú expresaron su pleno apoyo al presidente Vizcarra y lo reconocieron como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
¿Cómo se originó la situación actual?
De hecho, la crisis actual es el apogeo de una confrontación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo que dura desde 2017. Ahora contemplamos ya la sexta fase de este conflicto político, cuyas raíces se remontan a las elecciones generales de 2016. Entonces ganó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras Fuerza Popular —encabezada por Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori— se hizo con la mayoría de los asientos del Congreso.
Martín Vizcarra, el vicepresidente del Perú, asumió como consecuencia el cargo de presidente de la nación. El nuevo jefe del Estado empezó a promover reformas, lo que suscitó un conflicto entre él y el Congreso. Con tal de poner fin al estancamiento político, Vizcarra propuso celebrar con antelación las elecciones generales. No obstante, la Comisión de Constitución del Parlamento, controlada mayoritariamente por partidarios de Fujimori, archivó la propuesta.
Casi simultáneamente los diputados lanzaron un proceso poco transparente para cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional. Con el objetivo de impedir este procedimiento, el presidente Vizcarra planteó la cuestión de confianza.
¿Cómo puede desarrollarse la situación a partir de ahora?
Perú está sumido en una profunda crisis institucional. Por el desarrollo de los acontecimientos se observa que existe un conflicto entre poderes que ha derivado en que un árbitro externo resuelva la controversia. Es posible que el pueblo peruano sea este árbitro externo, según declaró a Sputnik el analista político y exsecretario de organización del partido político español Podemos, Sergio Pascual.
"Lo hará desde la Comisión Permanente que sigue vigente en el Congreso, lo hará apelando a los organismos internacionales y lo hará desde las calles con un discurso que apuntaría a trazar similitudes entre lo que ha sucedido en estas fechas y el autogolpe de Fujimori hace ya dos décadas", explicó el entrevistado.
Mientras tanto, Vizcarra intentará hacer valer la situación y el amplio rechazo al Congreso, que está completamente ocupado por dos partidos políticos con un nivel de descrédito enorme, para conseguir una Cámara afín lo antes posible, agregó.
En el peor de los casos la situación se encolaría tanto que las Fuerzas Armadas tendrían que ir más allá de simplemente anunciar verbalmente su apoyo al presidente e intervenir de alguna manera para poder resolver esa situación de doble poder, subrayó Pascual.
"Creo que todos y todas deseamos que esta situación no llegue porque sería lamentable observar cómo la fragilidad de las instituciones en América Latina le ha tenido que devolver de nuevo ese papel del árbitro a las armas. Esperemos que esto no sea así, que sea el pueblo peruano y las calles demandando a gritos que se le devuelva la voz para poder votar", concluyó.