El proyecto minero, acordado con la empresa estadounidense Southern Copper, se estima en alrededor de 1.400 millones de dólares.
De acuerdo con la manifestante Ana Ochoa, "ellos pagaron a Vizcarra para que diera la luz verde al proyecto, y ahora no tiene la autoridad moral para continuar como presidente". Según otro manifestante, Marcellino Guillen, "estamos hartos y cansados de las transnacionalistas que contaminan nuestro territorio".
Por su parte, el propio mandatario llamó a los ciudadanos a estar tranquilos porque "no va a haber ninguna operación minera, no va haber ninguna construcción del proyecto si es que previamente no se sienta a dialogar la empresa con la propia población y aclare las dudas".
Las protestas contra la actividad minera también se han extendido a otras regiones del sur de Perú, como Tacna y Moquegua.