"Ante la anunciada huelga indefinida a partir del día 15 del presente mes, el Ministerio Público ha dispuesto que los señores fiscales provinciales (...) de Islay estén alertas ante cualquier evento que pueda alterar el orden público y de esta manera perjudicar los patrimonios públicos y privados", indicó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, en un video publicado en la cuenta de Twitter de la Fiscalía.
El martes, la empresa mexicana Southern Perú anunció que el Gobierno le había concedido el permiso de construcción de este proyecto que implica una inversión cercana a los 1.200 millones de dólares.
El yacimiento Tía María ha sido resistido por la población de Islay, que denuncia que su ejecución traerá perjuicios ambientales y para la vida de los pueblos aledaños.
Ante la decisión del Gobierno de dar luz verde a la construcción, la sociedad organizada de Islay ha convocado una huelga indefinida para este lunes.
La Policía Nacional, por su parte, ha manifestado que se encuentra en labores de "inteligencia y monitoreo" para evitar que se desate la violencia a raíz del conflicto social.
"Se exhorta a las autoridades, como a los dirigentes y alcaldes de Islay, para que puedan dialogar y llegar a buen puerto evitando cualquier tipo de costo social", manifestó López este viernes.
Asimismo, ha expresado que el Ministerio Público prevé el eventual desplazamiento de mayor número de fiscales a fin de que "no se puedan vulnerar los derechos fundamentales de ningún ciudadano ni de los miembros de la Policía Nacional".
Por el momento, las relaciones entre el Gobierno y las autoridades y pobladores de Islay son tensas.
Tía María es uno de los proyectos mineros más importantes de Perú, aunque ha sido rechazado por algunas autoridades y la sociedad civil.
Entre 2011 y 2015, los conflictos en torno a este proyecto han causado la muerte de siete personas, entre pobladores y policías.
La mina tiene proyectada la extracción de cobre, con un volumen de hasta 120.000 toneladas anuales.