"Sin embargo, dichos instrumentos normativos continúan sin ser efectivamente aplicados, lo que tiene por consecuencia que la tortura siga siendo uno de los elementos principales que erosiona al Estado de derecho y al sistema de justicia" en el país latinoamericano, dijo la oficina permanente.
Como lo refirió Bachelet al término de su visita a México, en abril pasado, las autoridades mexicanas "deben laborar e implementar una estrategia nacional para combatir la tortura", que según las investigaciones es un problema "crónico y generalizado", dijo la oficina permanente de Acnudh que encabeza Jan Jarab.
A la voluntad que el mandatario ha expresado "se debe agregar la definición de una política pública consistente de combate frontal a la tortura", sostuvo el representante de Bachelet.
La persistencia de los malos tratos y penas degradantes perpetrados por autoridades "ha motivado serias preocupaciones por parte de organismos de derechos humanos y es fuente de consternación social cuando se evidencia su comisión", dice el posicionamiento en la fecha internacional.
Entre las principales obligaciones del Estado mexicano contra la tortura, Jarab menciona "el deber de emprender una lucha efectiva contra la impunidad endémica".
Jarab señala que esas unidades deben estar "dotadas de los recursos y capacidades suficientes para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan sancionar a todos los responsables, incluyendo a los superiores jerárquicos", de estas prácticas "deplorables".
La ONU-DH exhortó a las autoridades mexicanas a atender las 98 recomendaciones recientemente formuladas por el Comité contra la Tortura de la ONU en mayo pasado.
El uso de la tortura parece "endémico" en este país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad 2016, la más reciente de su tipo, basada en entrevistas con 64.150 presos en 338 cárceles mexicanas.
Además: México crea una fiscalía especial contra la tortura
Un 64% de los reclusos dijo haber sufrido violencia física durante el arresto, 35% denunció haber sido sometido a la asfixia simulada, a 52 se le amenazó con la presentación de falsos cargos y 28 informó de amenazas contra sus familiares.