La situación se registra "desde que empezaron a consolidarse aquí las disidencias de las FARC [luego de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016] y a tomar más fuerza el ELN, guerrilla en cuyas filas hay gente venezolana; eso es algo histórico", señaló a Sputnik una fuente de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) en el departamento colombiano de Arauca (nordeste).
De ellos, entre 37.000 y 40.000 se encuentran en Arauca, a donde han llegado para emplearse en diferentes oficios.
Sin embargo, el departamento registra uno de los índices de desempleo más altos del país, con una tasa que ronda 24,9%, mientras que el total nacional es de 10,3%, según registros del estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) difundidos en abril.
Desempleo VS. reclutamiento
Según datos del DANE, entre mayo de 2018 y abril de 2019 llegaron a Colombia unas 730.000 personas que vivieron durante el último año en Venezuela.
De ellos, unos 340.000 están ocupados, aunque sus condiciones son precarias, ya que se emplean en oficios varios -incluso callejeros- y su nivel de educación es medio.
"Ante esa situación no falta la propuesta de que los grupos armados organizados les ofrezcan posibilidades; la primera de ellas es que tengan dinero, entonces terminan enrolándose en una guerra que no conocen, que no les corresponde. Así es que terminan reclutados, y muchos de ellos muertos", dijo la fuente de la Defensoría del Pueblo.
Según explicó esta persona, de acuerdo con versiones de los mismos inmigrantes, hace dos años, a quienes ingresaran a las filas de esos grupos armados "les pagaban inicialmente 700.000 pesos (218 dólares), lo cual es muy significativo frente al salario base en Venezuela".
Aunque la fuente advirtió que no hay forma de comprobar tales versiones, ya que por tratarse de economías ilícitas no existe nada documentado, Sputnik recogió el testimonio de un inmigrante que da cuenta de tales pagos como forma de reclutamiento.
De acuerdo con su versión, en un reciente viaje que hizo a Colombia fue contactado por miembros de grupos narcotraficantes que buscaron reclutarlo tras conocer que buscaba empleo.
Connivencia criminal
Con frecuencia, bandas delincuenciales y grupos de narcotraficantes trabajan en conjunto con el ELN y con las disidencias de las FARC, por lo que también participan en el proceso de reclutamiento de inmigrantes venezolanos.
Consultada sobre el tema, una fuente del Gobierno colombiano involucró incluso a la venezolana Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la práctica, aunque no ofreció pruebas al respecto.
Tales economías ilegales van desde el reclutamiento para recoger hojas de coca (insumo base para la fabricación de cocaína) hasta el contrabando de combustibles, trata de personas y tráfico de inmigrantes, agregó esta persona, para quien los cierres de frontera potencian estas actividades.
"El cierre de la frontera decretado cada tanto por (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro es la mejor noticia para estos grupos ilegales, ya que se aprovechan de ello para intensificar el contrabando por las trochas (caminos). De ahí nuestra insistencia de que la frontera permanezca abierta, para reducir el tránsito por tales pasos ilegales", precisó la fuente del gobierno colombiano.
Pese a las versiones de reclutamiento, ninguna autoridad, ni de Colombia ni de Venezuela, cuenta con datos oficiales al respecto.
"Son grupos al margen de la ley, por eso no hay cifras concretas que permitan conocer cuántos venezolanos integran las disidencias de las FARC y cuántos están en el ELN", subrayó la fuente de la Defensoría del Pueblo.
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Datos de la Inteligencia de Colombia dan cuenta de que cerca de 2.300 hombres componen las disidencias de las FARC, mientras que el ELN mantiene unos 2.400 integrantes en sus filas, pero desconoce cuántos de ellos son venezolanos.
¿Inmigrantes o delincuentes?
Fuentes militares venezolanas aseguraron a Sputnik que entre los inmigrantes que integran estas estructuras criminales se encuentran delincuentes de la zona central del país caribeño.
"Entre los que van a trabajar a Colombia hay muchos delincuentes del centro del país, de los estados Aragua, Miranda, Guárico, Carabobo; y esos malandros (delincuentes) son presa fácil para esos grupos armados generadores de violencia, pero no se maneja una cifra, denuncias o estadísticas claras", dijo un integrante del comando militar fronterizo venezolano.
"Lo que tengo entendido es que los engatusan, los contratan y los ponen a hacer lo que ellos quieran; van desde narcotráfico hasta la conformación de grupos paramilitares (…), lo hacen por interés de conseguir un pago, un trabajo, y luego ya están con delincuentes; piensan que será por corto tiempo, pero se vuelve un círculo vicioso del que no tienen forma de salir", aseguró.
Los menores de edad tampoco escapan del reclutamiento.
El pasado mes de mayo la Defensoría del Pueblo denunció la incorporación de menores de edad colombianos y venezolanos a las filas de grupos armados ilegales, incluidas bandas organizadas y disidencias del paramilitarismo.
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Durante 2018 y hasta mayo pasado el organismo emitió 105 alertas tempranas, de las cuales en 63 se identificaron escenarios de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes por parte de actores que participan del conflicto armado.
"Los departamentos con mayor cantidad de municipios donde se identifica el riesgo de reclutamiento y utilización de menores son: Antioquia, Chocó [noroeste], Meta, Cundinamarca [centro], Tolima [centro-occidente], Nariño, Valle del Cauca [suroeste], Córdoba, Bolívar [norte], Casanare [sureste] y Putumayo [suroccidente]", aseguró la Defensoría.
Asimismo, destacó que "en todos esos lugares se ha detectado también la afectación de migrantes provenientes de Venezuela".
Mientras eso ocurre, el Gobierno colombiano moviliza por la quebradiza geografía nacional a buena parte de los 250.000 soldados que integran sus Fuerzas Militares con el fin de desarticular las estructuras criminales, que mediante el reclutamiento buscan reforzar sus filas y reemplazar a aquellos de sus miembros que mueren en combates.