“Nosotros estamos tratando con el Ministerio de Vivienda y por su lado hay retrasos por el lado técnico y político que nos afectan; el compromiso estaba pactado para su cumplimiento dentro de 16 meses desde el 4 de noviembre de 2016, han pasado 32 meses y hasta ahora no cumplen con restituirnos a nuestro lugar”, afirmó Pacaya.
El terreno que ocuparon había sido un relleno sanitario, pero las familias en extrema pobreza llegaron a acondicionarlo y levantaron una pequeña urbanización que, con el tiempo, se volvería emblemática sobre el fenómeno de la migración de las provincias a la capital.
Cantagallo, como se conocía el lugar popularmente, fue una zona en la que sus habitantes se dedicaron a preservar su cultura original.
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Sus creencias, sus artesanías y su propia lengua fueron protegidas por sus propios miembros a medida que la comunidad iba aumentando en número a través de los años.
El 4 de noviembre de 2016, un incendio devastó la totalidad de la comunidad, cuyas casas estaban construidas de madera.
La presidenta de la comunidad asegura que el Gobierno asumió el compromiso de restituir las viviendas casi de inmediato.
“Nosotros ya éramos 238 familias, cerca de 2.000 personas en la comunidad, y estuvimos de acuerdo en abandonar Cantagallo, pero con el compromiso del Gobierno de volver luego que hicieran los estudios del terreno”, señaló Pacaya.
Los estudios de los terrenos de Cantagallo, según la dirigente, tenían como propósito “nivelar el terreno, retirar el desmonte y poder regularizar (la zona) mediante lotización y desarrollar el proyecto de viviendas”.
En estas reuniones se llegó a una serie de entendimientos.
El más reciente fue el pasado 24 de mayo cuando se acordó “acelerar los estudios para que se pueda gestionar el predio lo antes posible”, dijo Pacaya.
Los miembros de la comunidad de Cantagallo nunca tuvieron la propiedad del terreno y rechazan cualquier intento del Gobierno por ubicarlos en un sitio distinto al que alguna vez ocuparon.
Pacaya alegó que volver a Cantagallo apunta también a no romper la unidad cultural y étnica de la comunidad amazónica.
Las 238 familias shipibo konibo se encuentran entre tanto diseminadas en diferentes zonas de la capital de Perú, en permanente contacto y a la espera de que se cumpla el compromiso del retorno.