"Mis abogados están para dar respuesta a todos los requerimientos de cualquier corte nacional, para desvirtuar todas las mentiras que incluyen también la interpretación de ese video", dijo Santrich en una rueda de prensa en la sede del partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), que fue transmitida por redes sociales.
Dicho video se habría grabado de manera subrepticia en Bogotá entre junio de 2107 y abril de 2018, pero fue dado a conocer por la fiscalía hace dos semanas.
Sin embargo, el renunciante fiscal general Néstor Humberto Martínez reconoció en una entrevista que el Ministerio Público no participó ni fue informado sobre ese operativo encubierto conducido por agentes de EEUU.
Audio: "El gobierno colombiano se opone a la decisión de la Justicia en el caso del exguerrillero Santrich"
"Más coca ha pasado por las narices de muchos otros que por mis manos", agregó Santrich en la rueda de prensa, en la que también aseguró que seguirá fiel al acuerdo de paz y lo defenderá desde la legalidad.
Santrich indicó que está dispuesto a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado por el acuerdo de paz para entender los crímenes cometidos por los combatientes en el marco del conflicto armado interno que terminó en 2016, y ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de narcotráfico y concierto para delinquir del que lo acusa la fiscalía.
El exguerrillero fue liberado el jueves más temprano por orden de la Corte Suprema de Justicia, que asumió la investigación del caso debido al fuero parlamentario que ostenta Santrich, elegido como diputado en los comicios de marzo de 2018.
Más aquí: Liberación de Santrich "brinda una luz de esperanza en términos de seguridad jurídica"
En virtud del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, la FARC (surgida como partido político tras la disolución de la guerrilla de la misma sigla) obtuvo 10 escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado).
Santrich, quien participó en los diálogos de paz de La Habana, es acusado de un presunto acuerdo con el Cártel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares.
Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, por lo que no estarían comprendidos en los hechos contemplados por la justicia transicional de la JEP.