"En este momento la Fiscalía General da cumplimiento a decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte. El procedimiento es acompañado con medidas de seguridad de la estatal Unidad de Protección", indicó la fiscalía en su cuenta de Twitter.
#ATENCIÓN En este momento #Fiscalía da cumplimiento a decisión de @CorteSupremaJ respecto al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte. El procedimiento es acompañado con medidas de seguridad de @UNPColombia
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 30, 2019
Santrich salió de la sede de la Fiscalía en Bogotá a bordo de una camioneta blindada y en compañía del senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, y de otros legisladores del partido Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común (FARC, surgido tras la desmovilización de la guerrilla con las mismas siglas).
"Santrich ya es libre! Bienvenido camarada. La militancia del partido FARC te esperamos en nuestra sede del partido. Desde ayer estamos gestionando para tu posesión en la Cámara de Representantes [diputados]", escribió también en Twitter el senador Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada.
"Con el corazón lleno de felicidad y los brazos abiertos recibimos en libertad a nuestro compañero Jesús Santrich. Su dignidad nos acompaña siempre en esta lucha y este sueño de construcción de la paz en Colombia", escribió la senadora Victoria Sandino.
La decisión de la Corte se basó en un pronunciamiento que hizo el martes la Sala Plena del Consejo de Estado, el máximo tribunal contencioso administrativo, asegurando que Santrich mantenía su investidura e inmunidad como parlamentario, aunque no hubiera podido asumir su escaño en tiempo y forma por encontrarse preso.
La presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, explicó que Santrich no se pudo posesionar el pasado 20 de julio porque estaba detenido desde abril de ese mismo año en la cárcel La Picota, lo cual se consideró "una causa de fuerza mayor" no imputable al legislador.
Audio: "El gobierno colombiano se opone a la decisión de la Justicia en el caso del exguerrillero Santrich"
Así, y tras la ratificación del fuero parlamentario, la Corte Suprema determinó que sus magistrados son los competentes para juzgar al exguerrillero y legislador, por lo que revirtió la legalización de captura que el pasado 18 de mayo le había formulado la jueza 16 de control de garantías de Bogotá, quien no es competente para juzgar a un diputado.
Sin embargo, dos días después, el viernes 17 de mayo, aún permanecía detenido en La Picota, por lo que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad inmediata, pero cuando salía del lugar junto a sus abogados y personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario fue detenido por agentes de la Fiscalía.
"Como producto de la cooperación judicial internacional" se incorporaron "nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte", indicó entonces la Fiscalía.
Santrich fue regresado a la cárcel y subido a un helicóptero que lo trasladó hacia las instalaciones de la Fiscalía General.
El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 otorgó al partido FARC 10 escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado), lo que permitió a Santrich participar en las elecciones de marzo de 2018 en las que fue elegido diputado.
Santrich, quien participó en los diálogos de paz de La Habana, es señalado por la Fiscalía de Colombia y la justicia de Estados Unidos de un supuesto acuerdo con el mexicano Cartel de Sinaloa para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares.
Más aquí: Liberación de Santrich "brinda una luz de esperanza en términos de seguridad jurídica"
Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la ahora extinta guerrilla FARC en noviembre de 2016, por lo que no podrían ser considerados crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, sobre los que entiende la justicia transicional de la JEP.