"Nos oponemos a cualesquiera sanciones unilaterales, las sanciones son posibles únicamente si se trata de unas medidas que se elaboran basándose en el consenso en el marco de las estructuras internacionales como la ONU, y se aprueban respetando el derecho internacional y no para satisfacer los intereses de un solo país o un solo grupo político", dijo Zajárova ante la prensa.
La subsecretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, afirmó que la Comisión de Resolución de Reclamos Internacionales certificó casi 6.000 demandas por propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba desde la década de los 1960, por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares.
Desde 1996, cada presidente de EEUU ha suspendido esa parte de la ley con la esperanza de que aliviar la presión a La Habana permita una "transición a la democracia" en la isla.
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La decisión de la Administración Trump se produce en el marco de la creciente presión contra la isla por parte de Washington.