La Ley Helms-Burton entró en vigor el 12 de marzo de 1996, durante el mandato del expresidente Bill Clinton. Desde entonces los Títulos I y III destacan entre los más polémicos por las numerosas restricciones que promueven, entre ellas conceder recurso civil en tribunales de los Estados Unidos contra nacionales de terceros países por "traficar" con las propiedades nacionalizadas.
El Título III de la también conocida como Ley de la libertad, desconoce este derecho y por ende rechaza la legitimidad de las nacionalizaciones efectuadas en la Isla durante los primeros años del proceso revolucionario.
El politólogo cubano Arturo López-Levy, explicó a Sputnik cómo dicha Ley reconoce las propiedades de cubanos nacionalizados en Estados Unidos como "robadas".
"La ley Helms Burton define como propiedad estadounidense las propiedades de aquellos cubanos personas que se han hecho ciudadanos de Estados Unidos, incluso después de la pérdida de esta propiedad", aclaró el catedrático de la Universidad Gustavus Adolphus College de Minnesota.
Con el embargo, Estados Unidos también eliminó la única posibilidad que el nuevo Gobierno de la Isla poseía para compensar a los ciudadanos estadounidenses tras la expropiación de sus propiedades, tal como se estableció en ley en Cuba en 1960 y como se efectuó con otros nacionales extranjeros.
"Un cubano que emigra hoy a los Estados Unidos y en cinco años se hace ciudadano estadounidense, hace valer como suya hasta la propiedad que fuera de algún predecesor de la cual él debería haber recibido herencia, convirtiéndola así en una propiedad norteamericana, en virtud de toda la ficción que esta ley comprende", explicó López-Levy.
Además, señaló que "las decisiones que tomen las cortes norteamericanas serían ejecutadas por la rama ejecutiva, lo que quiere decir que quienes adquieran o comercien con estas propiedades entrarían en deuda con el Gobierno estadounidense y este podría confiscar sus cuentas, empresas, barcos y activos de cualquier tipo".
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