"Quiero informar que este martes [9 de abril] me reuniré con comunidades indígenas en el Cauca. En nuestro gobierno siempre habrá total disposición al diálogo y búsqueda de soluciones, sin acudir a vías de hecho y con legalidad. Reiteramos compromiso de cumplir lo acordado responsablemente", dijo Duque a través de su cuenta de Twitter.
Los manifestantes, reunidos en el marco del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sostenían que sólo despejarían la vía cuando el Ejecutivo accediera a sus exigencias: 4,6 billones de pesos (unos 1.484 millones de dólares) en ayuda económica para las comunidades y 41.000 hectáreas más de tierras para los nativos que habitan en el Cauca.
Finalmente, en la madrugada del sábado 6, luego de doce días de diálogos, las partes acordaron levantar la manifestación y despejar la vía Panamericana, por la que transitan unos 50.000 vehículos al día, y que dejó pérdidas para varios sectores económicos, calculadas en 60.000 millones de pesos (unos 19,3 millones de dólares) y desabastecimiento de alimentos y combustibles para ciudades cercanas al Cauca.
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Según manifestó el Gobierno en un comunicado, se acordó asignar 800.000 millones de pesos (unos 258 millones de dólares) para las comunidades indígenas del Cauca, los cuales constituyen 17,5% de los 4.6 billones de pesos (unos 1.484 millones de dólares) que exigían las comunidades indígenas.
El 7 de abril, el mandatario colombiano se reunió con pequeños y medianos empresarios de la ciudad de Popayán (Cauca), una de las más afectadas por la protesta, para "reaccionar con celeridad" y coordinar las acciones necesarias para la reactivación de la economía en esa región.
Duque anunció una serie de ayudas económicas y créditos blandos para los sectores más afectados por la protesta en esa región del país y aclaró que esas líneas fueron habilitadas para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
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Pese al acuerdo, sectores indígenas de otras regiones del país han anunciado que prevén el cierre de otras vías para exigir que se cumplan sus derechos y que el Gobierno central cumpla con acuerdos firmados de manera previa.