"Las comunidades del pueblo negro y afrodescendiente del norte del Cauca (suroeste) nos sumamos a la minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz", indicaron en un comunicado la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez y el Proceso Nacional de Comunidades Negras en Colombia (PCN).
Entre las exigencias que hacen estas comunidades se encuentran la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016, la redistribución de la propiedad de la tierra y el "mecanismo para garantizar el cumplimiento de los acuerdos incumplidos desde 1986, con atención especial acuerdos con mujeres".
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) anunció en la noche del domingo que suspendía el diálogo con el Gobierno del presidente Iván Duque hasta que reciba garantías de que no se estigmatizará ni se criminalizará su causa.
"La Minga Nacional por la Vida (como se denomina la manifestación) suspende diálogo con el Gobierno nacional en (la población de) La Delfina (Buenaventura, suroeste)", indicó la ONIC en su cuenta de Twitter.
Unos 10.000 indígenas mantienen cerrados varios tramos de la vía Panamericana que afectan la movilidad en el suroeste del país y que ya deja pérdidas que superan los 30.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares), así como desabastecimiento de alimentos en ciudades como Cali e Ipiales.
Los indígenas, convocados por los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sostienen que solo despejarán la vía cuando el Gobierno acceda a sus exigencias.
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Los reclamos incluyen unos 1.484 millones de dólares en ayuda económica para las comunidades y la entrega de 41.000 hectáreas para los pueblos nativos que habitan en el Cauca.
El presidente aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo que se tramita en el Congreso incluye un capítulo dedicado a los indígenas que contempla inversiones por unos tres mil millones de dólares para los próximos cuatro años.
Duque también dijo que solo accedería a reunirse con los indígenas cuando estos levanten la protesta, para lo cual deberán lograr acuerdos con una comisión designada por el Gobierno.