"Es un gran logro la fecha fija del retiro de los militares en el año 2023, que permitirá un plan de retiro paulatino, así la actuación militar queda ceñida a los principios de excepcionalidad, temporalidad y verificación de respeto a los derechos humanos", dijo a Sputnik José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de DDHH.
Después de que la Cámara de Diputados había otorgado media sanción y en las comisiones senatoriales la mayoría oficialista imponía un dictamen sin modificar la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, "dos días antes del voto en el pleno senatorial las expectativas eran negativas y de pesimismo", reconoce Guevara.
Pero el desenlace dio un giro inesperado, ante la imposibilidad del oficialismo de lograr las dos terceras partes de votos requeridos para modificar la Constitución, el líder en el Senado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) Ricardo Monreal, emprendió una frenética negociación hasta la madrugada del 20 de febrero.
"El esfuerzo del colectivo muy plural de expertos en derechos humanos de 'Seguridad Sin Guerra', que representamos víctimas de abusos, sobre todo de militares, aportó espacios para encontrar solución en una propuesta alternativa, de la que echaron mano los senadores", relata Guevara quien integra desde 2014 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Había motivos para el pesimismo, porque el movimiento de 300 organismos civiles sufrió dos derrotas al hilo.
Después, los senadores aprobaron la prisión preventiva obligatoria, aumentando el número de delitos exentos de libertad condicional, como la corrupción, el fraude electoral y el robo de combustible.
"Sabíamos que detrás de la iniciativa que elogiaba al Ejército para crear una guardia meramente militar, era mentira que la Guardia Nacional tendría un rango mixto, y que buscaba colocar el rol de los militares al frente de la seguridad pública en el texto constitucional, en forma permanente", considera Guevara.
Los senadores tuvieron que retomar ideas de la sociedad civil, de expertos de la Organización de Naciones Unidas y del sistema interamericano.
"Al final, no crearon un brazo policíaco de las fuerzas armadas, y nos permite trabajar en la desmilitarización construida en más una década, para llevar a los militares ante la justicia, por abusos en el uso de la fuerza", dice el director de la organización fundada en los años 1980.
Del atropello a la victoria
Edgar Cortez, director del Instituto Mexicano de DDHH y Democracia (IMDHyD), quien también cabildeó en el Senado, relató a Sputnik que poco antes del voto en la Cámara Alta "nos habían atropellado, con medidas que cuestionamos durante mucho tiempo",
¿En qué momento el oficialismo perdió el control del proceso? "Fueron cambiando la decisión desde la celebración del Parlamento Abierto, la semana pasada, en audiencias dominadas por cuestionamientos a la militarización que representaba una Guardia Nacional subordinada a la Defensa, desde muy distintos ámbitos y ángulos creamos una corriente de opinión".
Los partidos opositores se sintieron respaldados con argumentos nacionales e internacionales, "y no se dividieron", explicó el especialista.
A diferencia de los diputados oficialistas, los senadores más experimentados de Morena "llegaron abiertos, dispuestos a escuchar y dialogar, no con la cerrazón que vimos en la Cámara de Diputados", hace un mes.
En la negociación entraron a jugar los argumentos del colectivo "Seguridad Sin Guerra", que entregó un proyecto de dictamen, alternativo al que habían aprobado los diputados
"Fue un insumo fundamental para construir los acuerdos de última hora", la madrugada del 21 de febrero, asegura Cortez.
Como protagonista del cabildeo ciudadano reconoce la madurez del Poder Legislativo, "donde funcionó la tarea de hacer política, negociar, construir acuerdos y ceder para encontrar puntos de coincidencia".
Un "cambio fundamental" es que el mando de la Guardia Nacional estará bajo una instancia civil, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo y no de la nomenclatura castrense, como quería el presidente.
Los 50.000 efectivos que aportarán las policías militar, naval y federal no estarán bajo mando militar de la Defensa, sino que participarán en condiciones de igualdad en una coordinación interinstitucional paritaria, que debe detallarse en la ley orgánica.
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"El retorno de los militares a sus cuarteles en 2023 es razonable (un año antes del fin del mandato de López Obrador), porque nunca dijimos que se fueran mañana, existen zonas críticas vulnerables, en las que se requiere tiempo para el fortalecimiento de las policías municipales, estatales, un proceso gradual en el que van a participar los organismos internacionales", sentenció.
No es casual que Jan Jarab, representante de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU felicitara al colectivo Seguridad Sin Guerra y a los organismos públicos de derechos humanos, "por su determinante papel", para enriquecer la deliberación en el Congreso.