"Son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno", explicó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa.
Después de este primer paso en el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevará el proyecto de presupuestos al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, que se puede prolongar unos tres meses.
Según la portavoz Celáa, estos presupuestos implican un "refuerzo del estado del bienestar" que va a "blindar derechos y libertades cuestionadas por otras fuerzas políticas".
"Este país necesita crecer y redistribuir la riqueza", explicó la portavoz.
Por el contrario, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere impulsar las medidas sociales, entre ellas la supresión del copago farmacéutico, el aumento de las becas para estudio, ayudas para material escolar, un aumento del 40% de la dotación de Dependencia o un Plan de Eficiencia Energética de Hogares Vulnerables.
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Además, destacan la financiación a ciencia, con 273 millones de euros, o vivienda, con 173 millones.
Proyección de subida de impuestos
El proyecto contempla también un amplio paquete de subidas de impuestos, lo que según el Ejecutivo permitirá el sostenimiento de los servicios sociales.
Celaá resumió el espíritu de los presupuestos asegurando que su principal pretensión es acometer "un blindaje del estado del bienestar".
En concreto, el plan presupuestario completa un paquete de subidas de impuestos por valor de más de 5.600 millones de euros, lo que lleva al Gobierno a proyectar los mayores ingresos fiscales de la historia de España para el año 2019, con una recaudación de más de 227.000 millones de euros.
"Todas las figuras tributarias aumentarán la recaudación, destacando especialmente el impuesto de sociedades", afirmó la ministra de Hacienda.
Aunque todas las figuras tributarias aumentan la recaudación, el plan centra el aumento de la fiscalidad en grandes empresas y rentas, al tiempo que contempla reducciones para pequeñas y medianas empresas.
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En el apartado del gasto, el Gobierno destacó que más de un 57% de la inversión está destinado a medidas sociales.
El cuadro macroeconómico diseñado por el Gobierno para este proyecto de presupuestos reduce la previsión de crecimiento del 2,3 al 2,2%.
Del mismo modo, se proyecta una reducción de la tasa de paro desde 15,5% en 2018 hasta el 14% en 2019 y se pronostica una reducción de la deuda pública sobre el PIB desde el 96,9% hasta el 95,4.
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En opinión de la Ministra de Economía, Nadia Calviño, estas cuentas lanzan el "mensaje" de que España está comprometida con la disciplina presupuestaria marcada por Bruselas sin que ello implique descuidar la posibilidad de tener "un crecimiento más justo y sostenible".
Pese a la aprobación del proyecto, el Gobierno todavía no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para que los PGE sean aprobados en el Congreso de los Diputados, por lo que muchos aspectos de las cuentas pueden ser sometidos a cambios durante el proceso de negociación con las fuerzas políticas.