"Identificando que la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público (Fiscalía) no sostiene más la permanencia del fiscal de la Nación, quien evidentemente origina esa situación, le exigimos su irrevocable renuncia al cargo por el bien de la institución", expresaron en un comunicado público los fiscales supremos Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez.
En un anuncio sorpresivo, Chávarry decidió separar el 31 de diciembre a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.
La decisión generó protestas de parte de la ciudadanía y el presidente Martín Vizcarra, quien consideró la medida como un "duro golpe" a la lucha contra la corrupción en Perú.
Frente a las protestas por la separación de los fiscales, el miércoles Chávarry decidió dar marcha atrás y reponer a los magistrados.
Sin embargo, los magistrados supremos afirmaron que pese a la rectificación de parte de Chávarry, la decisión de separar a los fiscales del equipo Lava Jato "ha afectado el desarrollo regular de las investigaciones, generando una situación de caos y desconcierto al interior de la institución".
Al pedido de los fiscales se sumó el del Partido Aprista Peruano, que considera la permanencia de Chávarry en el cargo como "insostenible".
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Asimismo, la líder del partido opositor Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, llamó a que su grupo apoye de forma "prioritaria e inmediata" la declaratoria en emergencia del Ministerio Público; una medida que Vizcarra presentó como proyecto de ley ante el Congreso.
El equipo Lava Jato ha logrado avances en sus investigaciones, incluyendo la próxima firma de un acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la Fiscalía.
Según este acuerdo, la constructora brasileña se compromete a revelar toda la información sobre sobornos a políticos de Perú.
El repuesto fiscal José Domingo Pérez es quien lleva adelante las investigaciones sobre los nexos de Odebrecht con los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Pérez también está a cargo de la investigación sobre lavado de activos de Keiko Fujimori en relación con Odebrecht.
Chávarry, fuertemente cuestionado desde que asumió su cargo en julio de 2018 por su cercanía con los investigados en casos de Odebrecht, fue señalado en un informe de la Fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Esta mafia estaba infiltrada en el sistema político y judicial de Perú, dedicándose a delitos de tráfico de influencias, sobornos, lavado de activos, entre otros, y de la que formarían parte miembros de Fuerza Popular.