La denuncia está basada en la responsabilidad que podría recaer sobre el príncipe heredero en la crisis humanitaria que atraviesa Yemen. Como ministro de Defensa de Arabia Saudí, bin Salmán es comandante en jefe de la coalición de países árabes y africanos liderada por Riad que actúa en apoyo del Gobierno yemení en su enfrentamiento contra rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá, explicó a Sputnik Reed Brody, consultor jurídico y portavoz de Human Rights Watch (HRW).
La denuncia recayó en el juez federal Ariel Lijo y fue remitida al fiscal Ramiro González, el mismo que llevó adelante una causa por crímenes cometidos por el régimen de Francisco Franco en España, según informa Página 12.
En ese sentido, la intención de la entidad es que "un fiscal o un juez" argentino —a falta de una instancia judicial en Yemen o Arabia Saudí— puedan investigar la posible conexión del dirigente saudí con las circunstancias que han llevado a que millones de yemeníes vean su vida amenazada por el cólera y la hambruna.
La jueza argentina María Servini de Cubría llevó adelante una causa iniciada en 2010, en principio por el caso de Severino Rivas, el alcalde de un pueblo de Galicia desaparecido durante la Guerra Civil Española (1936-1939), pero luego se fueron sumando casos de aquel entonces y de la dictadura franquista (1939-1975). Las acciones de la magistrada, por ejemplo, permitieron llevar adelante exhumaciones en fosas comunes, a las que distintos agentes judiciales españoles ponían obstáculos.
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Además de la situación humanitaria en Yemen, la entidad incluyó en su denuncia el asesinato de Jamal Khashoggi, "que es el caso más emblemático pero no el único, ni de torturas ni de violaciones a la libertad de prensa", indicó Brody.
A pesar de ser violatoria de los Derechos Humanos, las afrentas a la libertad de prensa por sí solas no constituyen un crimen internacional: lo son la agresión, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Turquía afirma tener pruebas de que el periodista fue sometido a tortura, antes de ser asesinado y presuntamente descuartizado en el consulado saudí en Estambul, adonde había ido a buscar unos documentos.
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Esta acción podría configurar un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, entra dentro de las categorías en las que los magistrados de Buenos Aires podrían actuar, por lo que "todo indica que sería un crimen" a los ojos de la Justicia argentina.
Sin embargo, a pesar de que Donald Trump haya admitido que "sería muy posible que el príncipe heredero tuviera conocimiento de este trágico hecho", afirmó que su país "tiene la intención de seguir siendo un socio firme de Arabia Saudí para garantizar" sus intereses, los de Israel y los de los demás socios en la región.
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"En cuanto a [las repercusiones en] la política internacional, es obvio que muchos, como el presidente de EEUU, prefieren hacer negocios antes que defender los derechos de los saudíes o los yemeníes. Históricamente, creo que es lamentable que muchos de los dirigentes —no todos— se dejen seducir por los petrodólares", consideró Brody.
Para el conocido abogado argentino Ricardo Monner Sans, que ha adelantado importantes causas judiciales como la investigación el escándalo de ventas de armas de contrabando durante el Gobierno de Carlos Menem en los años 90, hay que distinguir dos cosas: desde el punto de vista procesal, "la acusación e investigación es posible, por la norma que dice que los delitos de lesa humanidad se pueden investigar por el principio de jurisdicción universal". Pero desde el punto de vista del contenido, hay que ver si existen elementos para avanzar en la investigación.
"No sé qué tipo de elementos podría encontrar Argentina para evaluar su responsabilidad", dijo a Sputnik. Por eso, "dudo que eso vaya a una investigación seria, porque no sé con qué elementos y con qué celeridad" se podría realizar, concluyó el jurista argentino.
Según Monner Sans, ahora el fiscal Ramón González deberá dictaminar y sugerir medidas, pero el abogado pone en duda "la eficacia de la investigación, por la distancia frente a los hechos".
"Eso lo veremos en los días, semanas y meses venideros. El juez y el fiscal tienen un archivo nutrido. Pueden decidir aprovechar la presencia del príncipe heredero para cuestionarlo, preguntarle sobre su rol en los crímenes en Yemen y en Arabia Saudí. Lo más que podemos hacer nosotros, los juristas y los defensores de Derechos Humanos, es pedir que se aplique la ley como se hizo en el caso Pinochet o en otras causas políticamente difíciles", concluyó por su parte Reed Brody, de HRW.