Durante la sesión extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) celebrada a principios de junio de este año, se eligió una Comisión Parlamentaria para la Reforma Constitucional, encabezada por el general Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista, e integrada por 33 diputados, en representación de todos los sectores de la sociedad civil cubana.
También están presentes miembros de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la Asociación Nacional de Bufetes Colectivos, de la Federación de Estudiantes Universitarios, la Academia de Ciencias de Cuba, y de los ministerios de Educación, Justicia, y Economía, entre otras instituciones y organizaciones de la isla.
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Aun cuando muchos se preguntan por qué no se optó por una Asamblea Constituyente —como es práctica en otros países- se eligió una Comisión Parlamentaria tomando en consideración el artículo 70 de la actual Carta Magna, que empodera a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) "como el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República".
La actual Ley de Leyes fue modificada con reformas parciales en 1978, 1992 y 2002.
El texto redactado por la comisión parlamentaria fue aprobado el 22 de julio en el plenario legislativo, y sometido a consulta y debate popular a partir del 13 de agosto, en unas 135.000 reuniones a efectuarse en centros de trabajo, escuelas, institutos, unidades militares y barrios.
El proceso de debate incluye a los cubanos residentes en el exterior —se calculan en un millón 400 mil diseminados en unos 120 países—, que emiten sus criterios a través de un sitio web que administra la cancillería de la isla.
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Estas reuniones fueron diseñadas para que la población emitiera sus criterios y propuestas en torno al proyecto de reforma constitucional, proceso que culminará el 15 de noviembre y donde hasta el momento, han participado más de 7 millones de cubanos.
Esta comisión está integrada por 30 personas, 8 de ellos miembros de la comisión redactora del proyecto constitucional, y los 22 restantes son especialistas de diferentes instituciones, en su mayoría expertos en materia de Derecho, confirmó el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.
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Las propuestas definitivas serán elevadas a la consideración de la ANPP y deben ser tratadas en la sesión ordinaria del parlamento, a efectuarse en diciembre de este año, donde se decidirá cuáles serán los temas que se mantienen, modifican, añaden o eliminan del proyecto, antes de ser presentado a referéndum popular en febrero de 2019.