"Hasta este momento ha sido realmente un movimiento popular masivo de estudio, de consulta y de discusión de los elementos de la Constitución. El texto se ha divulgado a nivel nacional profusamente y se ve que realmente hay un interés masivo por el proyecto, que evidentemente es mucho más democrático que el anterior", aseguró Valdés.
"Auguro que este va a ser un proceso intenso y masivo donde van a participar millones de cubanos y espero que esos aportes que los miembros de la sociedad hagamos sean tenidos en cuenta y sometidos al referendo popular, que será el momento más importante", sostuvo el profesor.
En un texto publicado en el sitio La Joven Cuba, Valdés llama a la necesidad de crear un tribunal constitucional como instrumento para proteger la Ley de leyes. "En el resto del mundo se utiliza para proteger la Constitución y lo que la misma significa en el ordenamiento jurídico nacional. Así cuando se produjera una acción jurídica que vaya en contra de la Carta, se permitirá a cualquier afectado demostrar, a través de una sentencia de dicho tribunal, el carácter inconstitucional de la acción", explicó Valdés.
El académico explicó que en el cuerpo jurídico cubano se ha violado varias veces la Constitución de 1976, "en cosas tan fundamentales como el hecho de que dicha Carta Magna prohíbe la doble ciudadanía y decenas de miles de cubanos han obtenido una segunda ciudadanía sin haber perdido la cubana. Eso viene sucediendo desde hace muchos años", indicó.
Valdés reconoce que la nueva Constitución es un gran paso de adelante aunque, sostiene, la existencia de una tribunal constitucional podría empoderar mucho más a todos los ciudadanos en la defensa de esta nueva Constitución y evitar estos conflictos.
"Cualquier medida desde el punto de vista jurídico que lleva al empoderamiento ciudadano va a ser mucho mejor para la Constitución de un estado de derecho socialista, tal cual como se proclama en el nuevo proyecto", aseguró.
El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales que creado con la constitución de 1940 fue desplazado en 1959 con la creación de la Ley fundamental, que fue una modificación revolucionaria a la Constitución vigente. A partir de entonces estos actores pasaron a ocupar una sala del Tribunal Supremo de Justicia.
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Después que se estableció la Constitución de 1976, se eliminó esta sala y la Asamblea Nacional creó la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, para atender estos menesteres aunque en todo este periodo nunca se han emitido recursos de inconstitucionalidad. "Por tanto, urge la necesidad de que volvamos a tener un instrumento de este tipo para la conformación de un estado de derecho socialista", concluyó Valdés.