"Nuevamente violan el derecho a las víctimas de permanecer en las audiencias", escribió el Copinh en su cuenta de la red social Twitter.
Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros en su casa el 3 de marzo de 2016 pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
La familia de la activista y el Copinh han denunciado reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal que lleva adelante el caso y al que consideran falto de imparcialidad.
Días antes de ser asesinada, la activista realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
Actualmente, nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.
Además: Berta Cáceres todavía no consigue justicia
Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.