El GIEI "lamenta el dolor de las víctimas y de sus familiares; muchas personas han dicho que el Gobierno ofreció reparaciones a cambio de que no se presenten denuncias ante el sistema de justicia", dijo el experto italiano Amerigo Incalcaterra al dar lectura de un comunicado del grupo.
Además, añadió, "muchas familias fueron obligadas a firmar actas renunciando a la investigación para recibir los cuerpos de sus deudos".
El grupo describió que la violencia, que ha continuado, afecta "de manera particular" afecta a niños y niñas, porque el miedo "los paraliza, les impide salir a la calle, estudiar y conciliar el sueño".
Muchas de las víctimas "ni siquiera han interpuesto denuncias porque descreen del sistema judicial", dijo Incalcaterra.
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El especialista observó que no hay ninguna investigación o sentencia contra policías o contra grupos paraestatales que han coadyuvado en la represión de las manifestaciones opositoras.
El Grupo Internacional de Expertos Independientes también propuso que el Gobierno de Nicaragua debería establecer una fiscalía especial para investigar los crímenes cometidos en el marco de la violencia política que estalló el 18 de abril."Ante la demostrada ausencia de garantías del sistema judicial proponemos una fiscalía especial para investigar los hechos de violencia, mediante ley, o tal como prevé la Ley Orgánica del Ministerio Público", sostuvo el GIEI en un comunicado leído en una rueda de prensa en Managua.
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La propuesta del GIEI "apunta a crear un marco de garantías para que la justicia pueda actuar", dijo en la rueda de prensa el fiscal argentino Pablo Parenti, integrante del grupo.
Ante una pregunta de un periodista sobre si los investigadores serían locales o internacionales, Parenti aclaró que corresponde a Nicaragua decidirlo.
"No hay mecanismo definitivo, apelamos a la Ley Orgánica del Ministerio Público porque ella misma prevé la posibilidad de crear este tipo de fiscalías; podrá tener componentes internacionales, híbridos o mixtos, eso dependerá de Nicaragua… son fórmulas para encontrar procesos creíbles y que sean percibidos como creíbles por la sociedad", comentó.
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El jurista argentino sostuvo que "los procesos de justicia, lo sabemos en América Latina, muchas veces llevan tiempo, lamentablemente, por falta de independencia del sistema judicial. Es el caso de mi país".
"Se presentará una propuesta de plan integral de reparaciones (…) tras realizarse 20 reuniones de consulta con diversos grupos y actores para desarrollar herramientas para reparar a las víctimas", dijo el GIEI este 26 de octubre en un comunicado leído en una rueda de prensa en Managua.
Decenas de personas murieron, cientos resultaron heridas y otras tantas están detenidas desde que comenzaron el 18 de abril las protestas contra el Gobierno de Nicaragua.
La socióloga y defensora de derechos humanos peruana Sofía Macher comento que "hemos preparado ya un plan integral y lo hemos consultado y validado en esas 20 reuniones (…) y las contribuciones han sido muy importantes para (determinar) las violaciones y afectaciones sufridas en este período".
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La propuesta que el GIEI presentará al Gobierno de Ortega es "un mecanismo administrativo con siete programas: reparaciones simbólicas, económicas, educativas, de trabajo, de salud, de regulación jurídica y de retorno de los desplazados", describió.
Macher, una de las cuatro integrantes del GIEI, comentó que en esas reuniones con grupos de víctimas, familiares e instituciones de derechos humanos "hemos constatado que el contexto violento actual ha reactivado otras situaciones de duelo y de violencia vividas por Nicaragua en el pasado (…) hay una sociedad dividida y dolorida", dijo.
El GIEI está conformado por Incalcaterra, la defensora de derechos humanos peruana Sofía Macher, la ex fiscal general guatemalteca Claudia Paz y Paz y el fiscal argentino Pablo Parenti.
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Comenzó sus funciones el 2 de julio con el objetivo de "coadyuvar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos en el país desde el 18 de abril en el marco de las protestas sociales" en virtud de un acuerdo firmado el 30 de mayo por el Gobierno de Nicaragua y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Gobierno de Daniel Ortega niega responsabilidad en los actos de violencia y asegura que estos fueron montados por grupos violentos que tenían como objetivo generar condiciones para un golpe "blando".
Desde que estalló la violencia han muerto decenas de personas, aunque no hay unanimidad en las cifras.
Organizaciones de derechos humanos hablan de más de 300 muertos.
Los datos oficiales presentados por la policía indican 90 muertos, la Comisión de la Verdad del Congreso registra 119 fallecimientos, mientras la CIDH reportó 121 muertes entre el 18 de abril y el 30 de mayo.
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El GIEI, por su parte, ha reunido datos sobre 127 fallecimientos en el mismo lapso, de los cuales 114 casos corresponden al marco de la violencia política y los restantes 13 están bajo examen para determinar su pertinencia.