En Cuba el aborto es una práctica que data incluso desde antes del triunfo de la Revolución en 1959. El primer cuerpo legal que se refirió a esta práctica fue el Código de Defensa Social y Derecho Penal Complementario, data de 1936 y fue asumido por el Gobierno revolucionario.
Según contó a Sputnik la investigadora cubana de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales (FLACSO) en Ecuador, "es por ello que los documentos que rigen esta práctica desde el ministerio de Salud Pública son Guías metodológicas para la instrumentación de todos los tipos de terminación voluntaria del embarazo".
"En ese sentido lo más importante es que en Cuba la interrupción voluntaria del embarazo se trata como un asunto de salud, y es el ministerio de Salud Pública el que regula toda la práctica, lo cual es sumamente virtuoso", destacó Torres.
Desde esa cartera parte la relación con otras instituciones como el ministerio de Educación y otros centros para la creación de programas de educación sexual y para el tratamiento específico de temas como salud sexual y reproductiva en las escuelas.
Hoy día en la Isla todos los criterios a tener en cuenta para hacer un aborto están relacionados con los indicadores de salud de la gestante: hay una serie de exámenes indispensables para verificar si es posible la interrupción en lo que sólo pesa el estado de salud sexual y reproductiva de las mujeres.
"No se le cuestiona a la mujer si ha tenido hijos o no, si es su primer embarazo, ni si forma parte de la planificación familiar, y sobre todo el seguimiento continúa después de la interrupción", explicó Torres.
Por tanto, esta práctica es una garantía total del derecho al aborto por parte de todas las instituciones de salud cubanas. Sin embargo, "en el contexto actual de consulta popular que viven los cubanos por la reforma constitucional y que se llevará a cabo en la Isla hasta el 15 de noviembre, es importante señalar la pertinencia de asentar este derecho en ley", sostuvo la investigadora.
"Es vital que aparezca contenido [sobre el tema] en la Constitución como un derecho a la toma de decisiones sobre la salud sexual y reproductiva, para que pueda formularse posteriormente como una ley, porque en el contexto cubano actual enfrenta varios peligros", alertó Torres.
Torres analizó que también se pueden juntar varios factores como la baja natalidad de la Isla y el alto índice de envejecimiento poblacional, un argumento que en el terreno de la sociedad civil podría lograr adeptos. "Incluso si este derecho llegara a definirse en un referendo o consulta popular sería bastante peligroso", subrayó.
"Estos actores están además en toda América Latina, y Cuba no una excepción en este sentido. Pero lo novedoso e interesante es que aquí se están organizando y están actuando como factores sociales de peso", indicó Torres.
No obstante, hasta el momento la necesidad de incrementar la natalidad en la Isla se ha resuelto con políticas públicas de estímulo, "y esperamos que así continúe", señaló la investigadora.
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"Pero si llega una coyuntura en la que se convienen esos dos tipos de intereses, podrían crearse restricciones para la práctica del aborto, como ha sucedido en momentos anteriores", aseguró.
"El clima latinoamericano también hace pensar en la pertinencia de la legalización de este derecho en Cuba: las luchas en Argentina, la marea verde que se ha desatado en la región inciden en que se despierten algunas alertas", concluyó la especialista.