"Con el voto unánime de los 113 asambleístas presentes, la Asamblea dispuso convocar para el 25 de octubre al Pleno a las autoridades de los sectores de justicia y seguridad, con el propósito de que expliquen todas las acciones u omisiones que, dentro de sus competencias, han realizado en el caso del ahora prófugo de la justicia, Fernando Alvarado", informó la Asamblea en un comunicado de prensa.
Las autoridades que tendrán que acudir a la Asamblea son el fiscal General del Estado, Paúl Pérez; la ministra del Interior, María Paula Romo; el ministro de Justicia, Paúl Granda; el secretario de Comunicación, Andrés Michelena; el comandante General de la Policía Nacional, Nelson Villegas; el director del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, Rubén Robayo, y el director del Centro de Control de Inteligencia Estratégica, Jorge Costa.
También fueron convocadas las exministras de justicia, Rosana Alvarado y Ledy Zuñiga, para informar de manera documentada sobre el proceso de adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica y su efectividad.
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Como una medida sustitutiva de la prisión preventiva por las investigaciones en su contra, Fernando Alvarado llevaba el grillete electrónico para que las autoridades conozcan su ubicación todo el tiempo.
El legislador Luis Fernando Torres afirmó que en una de las comparecencias en el recinto legislativo se informó que la plataforma que se utilizaba para los grilletes electrónicos no fue renovada por la empresa que proveía el servicio, por lo cual no había una cobertura completa de quienes usaban el dispositivo de localización.
Mientras tanto, la fiscal del caso, Jessica Córdova, y un perito del Departamento de Criminalística de la Policía realizaron este martes una valoración del funcionamiento del dispositivo que usaba Alvarado.
La pericia determinó que el grillete se encontraba en perfecto estado y sin rastros de haber sido forzado.
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En la madrugada de este martes 23, personal de la Fiscalía y la Policía allanaron las instalaciones de la oficina de dispositivos de vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia y del servicio ECU911 para incautar información y equipos con los que se monitoreaba el grillete del exsecretario de Comunicación.
Fernando Alvarado tiene 11 indicios de responsabilidad penal detectados por la Contraloría General de la Nación, la mayoría acusaciones, por peculado en su gestión al frente de la Secretaría de Comunicación, por el manejo de dos canales de televisión incautados, lavado de activos, posible enriquecimiento ilícito, contratación de servicios técnicos, consultorías y pagos por comisiones sin los sustentos correspondientes, entre otros.