"Se suspendió la audiencia porque el tribunal afirmó no tener jurisdicción debido a que existe una apelación, la cuestión es que la ley dice que hasta que no se agoten todos los procedimientos de ley, todos los recursos que tú puedas interponer, entonces no está resuelta en firme la situación de esa recusación y por lo que el tribunal sigue estando impedido para conocer", dijeron a esta agencia fuentes del Copinh.
Días antes de ser asesinada, la activista realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
Previo a esto, la Corte de Apelaciones de Honduras declaró nula la recusación presentada contra el Tribunal que lleva el caso del asesinato en 2016 de la activista y el juicio oral se reanudará con los mismos magistrados.
"Hay una determinación por parte del tribunal y del poder judicial de terminar con el caso ya mismo porque a ellos les interesa tener resultados, no les importa otra cosa más que sacarse de arriba el caso de Berta Cáceres ", dijeron las fuentes a Sputnik.
Desde el Copinh sostienen que lo que le interesa al tribunal es obtener resultados "quieren decir 'aquí ya hay resultados, ya no hay impunidad, ya no pueden molestar más con eso', quieren condenar, hacer el juicio lo más rápido posible, y pareciera que ya tienen el fallo del juicio".
El Copinh afirma que las presiones para que el juicio concluya rápido vienen de parte del Gobierno, y "también de los gobiernos de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de EEUU" y esto lleva a que el Tribunal esté pasando por encima de "cualquier tipo de legalidad y por eso es esa premura de que a pesar que todavía hay muchos recursos pendientes de resolver y con posibilidad de interponer otros recursos, que el tribunal estando todavía recusado nos está llamando a juicio".
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La familia de Cáceres considera que aun así, de forma irregular, se convocó a la audiencia para este 15 de octubre, "violando cualquier normatividad" y afirmaron que la responsabilidad por la demora del juicio es responsabilidad de la acusación privada, es decir el equipo legal que representa al Copinh y a la familia de Cáceres.
"Es desproporcionado que digan eso, porque no es culpa ni responsabilidad de las partes el retraso de un juicio que comenzó hace dos años, nosotros estamos exigiendo lo que por derecho es necesario", afirmó el Copinh.
Actualmente, nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.
Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.