"La decisión de nuestra parte siempre es agotar todas las instancias, lo que significa apelar esta decisión de la Corte de Apelaciones, nuestra intención va en coherencia con las actuaciones que hemos realizado", dijeron a esta agencia fuentes del Copinh.
Esto significa que el juicio continuará con el mismo tribunal que según el Copinh "ha violentado el debido proceso".
La familia de la activista hondureña, junto a la organización cívica Copinh, de la que fue fundadora, presentó el 17 de este mes la recusación del Tribunal que lleva el caso debido a que consideran que está en duda su imparcialidad en el juicio.
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"Que sea el mismo tribunal el que siga al frente de este juicio implica que las denuncias de las irregularidades que el Copinh fue denunciando y la falta de atención de este tribunal, siguen siendo obviadas e ignoradas", alertaron las fuentes.
Según la familia de Berta Cáceres el Tribunal dejó pasar muchas irregularidades, por ejemplo que la Fiscalía haya incumplido cuatro órdenes judiciales por no entregar la información solicitada por los querellantes o que haya puesto a disposición parte de la información dos días antes de la audiencia, lo que obligó a que fueran las víctimas quienes tuvieran que gestionar peritos expertos e independientes para que procesaran la información debido al poco tiempo previo a la audiencia.
Por otra parte, desde el Copinh sostienen que "a partir de las prácticas viciadas del sistema de justicia hondureño, el tribunal se comporta a partir de un prejuicio contra nuestra representación legal por haber visibilizado sus irregularidades".
Asimismo, esta organización destaca que a pesar de realizar las acciones correspondientes no se está encontrando una solución efectiva al problema de la falta de información y las irregularidades denunciadas sobre el Tribunal.
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"El objetivo de la apelación es el cambio de decisión (que se acepte la recusación del tribunal), lo más probable es que la rechacen de igual manera, pero es una acción de coherencia y que nos deja ver cómo funcionan absolutamente todas las instancias del sistema de justicia de Honduras", dijeron las fuentes del Copinh a esta agencia.
Actualmente, nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.
Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.