"He tomado la decisión de que ningún expresidente, salvo acusación de delito de lesa humanidad o genocidio, tenga juicios pendientes (…), he tomado esta decisión de manera personal, sin solicitar a los expresidentes beneficios para nada personal a cambio, sólo que defiendan a nuestro pueblo y una salida soberana al océano Pacífico", dijo Morales en una declaración a la prensa.
La decisión, anunciada en la presidencial Casa Grande del Pueblo, parecía llamada a reforzar la unidad del país cuando faltaban cuatro días para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, falle en un juicio planteado por Bolivia para obligar a Chile a negociar una salida boliviana soberana al mar.
La amnistía libera a Quiroga (2001-2002) de un proceso por poner en vigencia contratos petroleros sin autorización del Congreso y a Mesa (2003-2005) por la anulación de concesiones mineras de la empresa minera chilena Quiborax en el salar de Uyuni.
Sin embargo, no alcanza al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quien está refugiado en Estados Unidos y está procesado por genocidio, como tipificó la justicia boliviana a la muerte de casi 70 manifestantes en los disturbios de octubre de 2003 que precipitaron su renuncia.
El mandatario hizo el anuncio al día siguiente de su resonante participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, donde entre otras cuestiones planteó al organismo mundial que reconozca y haga seguimiento al próximo fallo de La Haya.
"Ahora que la Corte Internacional de Justicia va a emitir su sentencia abriendo la etapa decisiva de negociaciones para la realización de nuestro derecho [al mar], esta unidad ejemplar de los bolivianos debe reforzarse", dijo el gobernante.
El presidente asistirá a la lectura del fallo en La Haya el venidero lunes 1 de octubre y ha invitado a que lo acompañen los expresidentes Quiroga, Mesa, Vildoso y Paz Zamora, aunque este último se excusó.
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