El jueves 20 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó un informe pedido por el Ministerio de Justicia colombiano en el que se indica que hubo 17% de aumento en la siembra de coca respecto al año anterior. Aunque el crecimiento se dio de forma más lenta, ocurrió mientras se desarrolla el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Uno de los escenarios posibles es que el Gobierno se vea tentado o urgido por "implementar medidas que den resultados en lo inmediato", lo que traería aparejado una política de "confrontación con las comunidades y aumento de la erradicación forzada, movilizaciones sociales, enfrentamientos", y el desafío de evitar la resiembra en las zonas donde se prohibió a la fuerza.
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Dadas las condiciones actuales, Garzón cree que están más cerca del primer escenario. "Hay mucha presión, poca paciencia y recursos muy limitados", aseguró.
Crece pero más lento
El informe indica que siguen creciendo los sembrados, pero no tan rápido; que los lugares donde se produce y donde están los grupos armados ilegales coinciden, y que se está dando un "efecto globo", ya que en las zonas donde más se redujo la plantación, están al lado de las zonas donde más aumentó.
Garzón explicó que durante las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Farc, y desde que se empezaron a implementar los acuerdos logrados, "hubo vacío de política pública estratégica" respecto a los cultivos.
El haber logrado avanzar implicó que uno de los "efectos colaterales" haya sido el aumento del cultivo en zonas aledañas. Es una consecuencia estudiada, "común".
"Por ejemplo, cuando se aplicaba aspersión aérea en algunas zonas, los cultivos migraron a zonas donde no se podía hacer. Cuando se intervino un departamento de manera muy fuerte, Putumayo, los cultivos migraron hacia Nariño", recordó Garzón.
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Los cultivadores de coca son "poblaciones flotantes": colonos y campesinos que cuando arrecia la intervención del Estado en unas zonas, migran a otras. Junto con la huída de la fuerza de trabajo, también está la de las organizaciones ilegales.
El cultivo de coca, a pesar de la persecución y peligros que conlleva, termina siendo más rentable que un cultivo ilícito, aseguró Garzón.
"Los incentivos vienen porque los campesinos no tienen que incurrir en costos de transporte, tienen más o menos la compra asegurada porque hay una demanda constante del producto, y además, el tema de acceso a crédito, o a los insumos para producir y cultivar coca, está más o menos arreglado en esas zonas".
Según Garzón, esas zonas son problemáticas "desde varios puntos de vista". Por ejemplo, en el Nudo de Paramillo, en la Cordillera Occidental de los Andes, en 2017 se plantaron 7.000 hectáreas más, está el "vacío" dejado por las FARC y las consecuentes disputas entre las organizaciones que quieren copar esos espacios. En esos lugares también son altos los índices de homicidios a líderes sociales, excombatientes.
"Cuando uno señala las regiones donde hay más cultivos, como es el Nudo, Catatumbo, Nariño, Putumayo, Cauca, ve las confluencias de varias problemáticas. El aumento de cultivo finalmente termina reflejando un vacío de regulación, la presencia de múltiples sectores ilegales y, además, condiciones socioeconómicas muy difíciles para las poblaciones".
Sobre el Programa de Sustitución
El PNIS surgió con el objetivo de sustituir 50.000 hectáreas de cultivo de coca en un año. Garzón entiende que desde el inicio, el planteo estuvo mal formulado. "No hay precedentes", tampoco era "acorde con las capacidades del Estado".
En términos reales, concluyó, el programa tiene un alcance de entre "10 y 15% de los cultivos de coca".
Lo que no se sabe aún con certeza, es qué va a pasar con las familias en el PNIS, por el reciente cambio de Gobierno. Los anuncios del presidente Iván Duque han sido que lo mantendrán. "Las alertas vienen porque no hay recursos para mantenerlo y cumplir con el compromiso adquirido".