"La gente era muy pasiva y muy buena, pero con muy poco nivel educacional, pero la ciudadanía ahora se empoderó, porque cuando tú ves a un hijo tuyo intoxicado, que no siente las piernas, y que además de la diarrea y los vómitos, que es como normal dentro de la situación que hay día a día, ya tengas enfermedades más graves, la gente explotó", explicó a Sputnik Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia. Ella y los suyos "hace mucho tiempo que viven con rabia".
El 21 de agosto casi 100 niños de las escuelas de la comuna de Quintero y Puchuncaví, de la región de Valparaíso, empezaron a sentir un malestar general. En el cielo había una nube amarilla. Tóxica. A fin de mes eran casi 400 las personas, mayoritariamente niños, las que resultaron intoxicadas por contaminación ambiental. Los habitantes se manifestaron demandando cuidado de su salud y el medio ambiente, más de 3.000 se movilizaron y continúan en las calles o en las escuelas reclamando.
Había habido emanación de gases tóxicos, por lo que se dispuso una Alerta Amarilla y se suspendieron las clases. Hasta ahora ninguna empresa se había hecho responsable ni había sido señalada por el Gobierno, sino por el contrario, varias habían asegurado que no eran culpables y que tenían sus plantas limpias.
Se estableció una comisión investigadora para determinar responsables, conformada por la Policía de Investigación, la superintendencia de Medio Ambiente, la superintendencia de Salud y la Fiscalía. El 1 de septiembre se levantó la Alerta.
"Esto nos da la tranquilidad de que las personas están en buenas condiciones", dijo en conferencia de prensa.
Los chicos volvieron a clases el 4 de septiembre. Sin embargo, tras unas horas de clase, volvieron a sentirse mal: algunos alumnos presentaron síntomas similares al primer episodio de intoxicación ocurrido el mes anterior, informó Bio Bio.
Durante la jornada del 4 de setiembre, 99 personas (entre ellos muchos menores de edad) llegaron al servicio de Urgencias del hospital de Quintero y al Cesfam de Puchuncaví, publicó el noticiero. Otra vez rige la alerta amarilla y las clases están suspendidas.
Los lugareños siguen movilizados, temen por su vida. En conversación con Sputnik, el diputado del Movimiento Autonomista de la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, aseguró que la explosión social "es manifestación, más allá de la contaminación, de una desigualdad profunda que existe en Chile. Si esto hubiese ocurrido en el centro de Santiago o en Las Condes, las comunas más ricas, te aseguro que al día siguiente las empresas hubiesen tenido que cerrar".
Cómo se llegó a esta situación
Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso en Chile, una vez tuvieron playas de arenas blancas y abundantes dunas. "Si hubieras conocido antes el lugar, te hubieras enamorado. Esta era una zona agrícola, se vivía de la pesca artesanal, agricultura, ganadería y turismo. Teníamos unas playas maravillosas", recuerda Alonso.
Las plantas están en zonas donde hay campamentos que no tienen agua pero sí un "nivel de centralización brutal del desarrollo". Son lugares que "históricamente han sido considerados de bajos recursos, zonas pobres", dijo Ibáñez. Por eso dice que él también siente "rabia al ver la negligencia del Estado y el abandono por no querer regular la utilidad empresarial".
El parque industrial ha traído desgracias a los chilenos, asegura Alonso. "Los gobiernos de turno iban aceptando y aceptando los proyectos. En este momento tenemos 17 empresas peligrosas y contaminantes", indicó. "Esto que hay aquí es un verdadero genocidio ambiental. No tiene nombre a lo que ha llegado el modelo económico en Chile".
Hoy los habitantes de esas zonas de la región de Valparaíso sufren importantes daños a la salud, se tienen que jubilar anticipadamente, además de vivir en un ambiente cada vez más deteriorado donde los peces, por ejemplo, tienen altos niveles de aluminio, arsénico, cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, zinc e hidrocarburos. Todo se debe a la desmedida actividad industrial.
"Aquí a cualquier persona que tu agarres en la calle te va a contar que algún pariente o alguien cercano se murió de cáncer. Eso está naturalizado, es normal que la gente se muera de cáncer, pasa todos los días, a cada rato", dijo Alonso.
Para Ibáñez y Alonso el principal problema es que Chile no cuenta con una legislación actualizada que regule, controle y limite la contaminación emitida por las plantas. Tampoco ha homologado los estándares chilenos con las normas internacionales.
A través de su cuenta de Twitter, el diputado anunció este 5 de septiembre que junto a el Frente Amplio presentaron un proyecto para su homologación.
Los quinteranos y puchuncavinos pudieron disfrutar sus tierras y su salud hasta 1958, cuando se instaló la primera planta, Instalación Chilectra. En 2010 entró en funcionamiento la última, la termoeléctrica Nueva Ventanas (Gener).
A principios de 1990, el alto nivel de contaminación del aire en la zona ya era reconocido por habitantes y gobernantes. En 1992 se elaboró el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas. En tanto, en 1993 el ministerio de Agricultura declaró Puchuncaví y Quintero como zona saturada de contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado. Las empresas, a pesar que cumplieron con lo pactado, no disminuyeron la emanación de gases y, por ende, siguió aumentando la contaminación.
El año siguiente empezó a regir la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que, entre otras cosas, creó Tribunales Ambientales, pero recién en 2012 empezaron a funcionar. Ibáñez recordó que en 2010 se diseñó un sistema de evaluación ambiental, y que recién en ese entonces comenzó a operar el ministerio de Medio Ambiente.
"Hay una institucionalidad muy precaria en una economía que es extractivista, debería ser al contrario", concluyó el diputado.
Las casi 400 personas intoxicadas este agosto no fueron las primeras en sufrir los problemas causados por la emanación de gases. En Quintero se habían registrado intoxicaciones e incidentes ambientales en 1988, 1994, 2000, 2003 y después. Los más grandes ocurrieron en 2011.
En marzo de ese año 23 niños y ocho adultos fueron intoxicados por una nube de dióxido de azufre. Ese mismo año, en agosto, fueron 26 los niños de cuatro escuelas de Quintero que resultaron intoxicados. Pocos días después, en septiembre, les pasó a 34 personas de la Escuela Rural General Velasquez de Puchuncaví.
A fines de noviembre 41 personas de la Escuela La Greda fueron las perjudicadas. Se suspendieron las clases porque se formaron nubes tóxicas que generaron problemas respiratorios, náuseas y molestias generalizadas en la comunidad.
Esos sucesos marcaron "un antes y un después": Quintero y Puchuncaví "pasaron a ser noticia nacional", señaló Ibáñez. Siete años después las comunidades siguen enfrentando los mismos problemas.
El recuento no termina ahí. Según información proporcionada por Ibáñez a Sputnik, en 2014 el Buque Mimosa tiró 37.800 litros de crudo al mar, había fallado en su descarga a la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). En 2015 pasó lo mismo con el tanquero Doña Carmela, que vertió 400 litros. En 2016 una línea de flexibles submarinos se desprendió de su ubicación de la Terminal de multicrudo de la ENAP y vertió una cantidad indeterminada de aceite decantado al fondo marino.
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Al año siguiente 17 niños de la Escuela Sargento Aldea Puchuncaví se intoxicaron, ese mismo año también hubo dos niños que resultaron intoxicados por los gases, aunque las estaciones de monitoreo no marcaban una pérdida ni aumento en la emisión.
En 2011 una comisión investigadora del Congreso concluyó que era necesario hacer cambios profundos en la legislación ambiental del país.
Sin embargo, el diputado asegura que "nunca se cerró ninguna empresa […] eso hace ver a la comunidad que el Gobierno, no solamente este, sino también los anteriores, no hicieron mucho por cambiar la situación. No se se colocaron del lado de las comunidades empobrecidas sino del lado de los grandes holding extractivistas y que manejan hoy día el parque industrial", aseguró.
Las comunidades saben que si el presidente (que es el único que tiene la potestad) no cambia la legislación para que las empresas reduzcan y controlen sus emisiones, van a seguir habiendo enfermedades.
"La norma ambiental en Chile estaba más del doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud [ver infografía], por tanto si no se cambia la norma, no se decretan nuevas que regulen algunos componentes, por ejemplo el arsénico en el aire y agua, la gente va a seguir enfermándose y va a seguir habiendo intoxicación", dijo ibáñez.
En ese sentido, agregó que el Gobierno de Piñera realiza una "batería de anuncios que no atienden a este problema estructural, sino más bien es conspirar bajo la lógica del plan de descontaminación".
Las comunidades están pidiendo que las estaciones de monitoreo que actualmente están a cargo de las empresas, estén a cargo del Estado y la comunidad, y que las 579 hectáreas de la zona que están destinadas para seguir construyendo industrias, se destinen a áreas verdes, y por supuesto también piden que no se instalen más empresas.
"Estamos ante un problema estructural que si no se aborda de esa manera, difícilmente se podrá mejorar la calidad de vida de la gente", resumió Ibáñez.
Medidas
Además de las movilizaciones, las comunidades, junto a la organización Defensoría Ambiental, están preparando un Recurso de Protección a presentar ante la Justicia por daño ambiental y de salud que busca revertir la situación e indemnizar a toda la población de la zona.
Zonas de sacrificio
Quintero y Puchuncaví no son las únicas zonas donde ocurren este tipo de incidentes ambientales y daños a la salud. En Chile hay otros cuatro lugares en los que, debido a la concentración de procesos industriales, se han sobrepasado los parámetros legales de emisiones contaminantes. Son tierras (y habitantes) "sacrificados" en pos del desarrollo industrial.
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Actualmente se da en Tocapilla y Mejillones en la región de Antofagasta, Huasco en Atacama, y Coronel en Bío Bío. Para esas zonas se han propuesto planes de descontaminación, pero ninguno se ha cumplido. Continuando la vulneración de derechos.