La catarata de empresarios arrepentidos continúa ganando caudal: Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, se presentó espontáneamente ante la Justicia para sumarse a la figura de "imputado colaborador"; lo mismo hizo su segundo, Javier Sánchez Caballero, así como los empresarios Juan Carlos De Goycoechea Raimundo Peduto, Alejandro Ivannisevich y Manuel Santos Uribelarrea.
"La ley del arrepentido funciona sobre la idea de que es menester aportar aquella información que no tiene el tribunal, que signifique el señalamiento de otros responsables y que sea suficientemente apta para profundizar la investigación. Esta norma transforma al arrepentido de imputado a testigo. Se debe tener en cuenta que no se choquen los testimonios de los arrepentidos, de otro modo carece de sentido", dijo Monner Sans a Sputnik.
El beneficio es la reducción de la pena a la de tentativa, es decir, de un tercio a la mitad para graves como tráfico de drogas, prostitución y trata de personas, secuestro, asociación ilícita, contrabando, corrupción de menores, pornografía infantil, privación de la libertad, delitos contra el orden financiero y delitos relacionados con la corrupción.
Sin embargo, a la lista de empresarios arrepentidos en el escándalo que tiene en vilo a los empresarios argentinos todavía no se ha sumado ninguno de los exfuncionarios como Baratta, el acusado de orquestar la asociación ilícita.
Todo está en pañales
Este impone una pena de hasta seis años para "el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva". Pero el que empresario que pagó se considera una víctima que no es castigada.
Los empresarios aducen que se trató de contribuciones para la campaña electoral, pero en este caso los sobornos se pagaron durante años electorales y no electorales. Por el contrario, el delito de fraude a una administración pública la pena sería bastante mayor, explicó Monner Sans. "La gran división es entre los que sostienen que es un liviano aporte a la campaña electoral y los que sostenemos que es un duro robo al patrimonio estatal", agregó.
"Estamos en pañales, todo lo que se pueda adelantar para tipificar conductas es muy poco serio porque cada uno de ellos está en condiciones de invocar una nueva figura procesal penal. La gran división hoy es entre los que sostienen que esto es un liviano aporte a la campaña electoral y los que sostenemos que es un duro robo al patrimonio estatal", agregó.
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"Aún falta mucho. Cada uno de los que comparece podría señalar a otros responsables. Estamos ante un tsunami en materia jurídica nunca visto en mi país", señaló.
Diferencias con la "delación premiada" brasileña
En Brasil la figura de la "delación premiada" ha servido para la investigación del Lava Jato, y contempla la posibilidad de eximir o rebajar las penas para aquellos que colaboren con la Justicia, pero es necesario confrontar las afirmaciones de quien busca el beneficio con los datos reales, documentos, cuentas bancarias, para acceder al beneficio. Además, el acuerdo lo hace el fiscal, mientras que en Argentina, para Monner Sans, en Argentina esto funciona de manera "mucho menos severa y funcional", ya que el acuerdo tiene que ser homologado por el juez, lo cual le da más inseguridad al acusado, y por lo tanto, menos entusiasmo de colaborar. Según una auditoría del Consejo de la Magistratura publicada por La Nación, sobre 10.000 expedientes por corrupción abiertos entre 1996 y 2016, sólo hubo un 12% de procesamientos.