La activista resaltó que la resolución no se puede ver "como triunfo de la justicia" sino como un "triunfo de la gente, que se une, que sabe lo que quiere y que lucha con convicción".
En junio de 2012, seis policías y 11 campesinos murieron durante el desalojo de trabajadores rurales que ocupaban un predio en el municipio de Curuguaty del departamento de Canindeyú (este), en protesta por la escasez de tierras para el cultivo.
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"Los condenados son sobrevivientes, todos tienen cicatrices; aparte de las del alma y de la mente, tienen cicatrices en el cuerpo", dijo la activista, que enumeró las heridas de los acusados.
Durán comentó que uno tiene marcas en la cabeza y a otro una bala le traspasó el estómago, por lo que tuvieron que darle 25 puntos, mientras que a un tercero le destruyeron la mandíbula.
"Todos torturados, sobrevivientes de la masacre", expresó.
"No es que la justicia en Paraguay haya cambiado, sino que fue la presión y la imposibilidad de sostener mentiras como esas", dijo la investigadora, que denunció a esta agencia que "las pruebas se escondieron, se destruyeron, se plantaron otras; el derecho es lógica y acá no hay nada lógico, nada comprobable con sustancia, con fuerza, y lastimosamente tuvieron que pasar seis años del caso".
La masacre de Curuguaty derivó en una crisis política en 2012 en el país debido al juicio político impulsado por la Cámara de Diputados contra el entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012), que llevó a su destitución.
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El parlamento entendió que Lugo tenía responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos en esa localidad rural.
Según Durán, todo fue armado para sacar a Lugo del Gobierno, porque "no lo dejaban gobernar" debido a sus políticas, que tenían un "leve intento de acercarse al pueblo".
Por otro lado, para la docente universitaria "ni Lugo, ni el Frente Guasu (partido del expresidente) prestó su ayuda" a los campesinos durante los seis años en los que enfrentaron el juicio oral más largo y el primero bilingüe (español y la lengua nativa guaraní) de la historia de Paraguay.
Temas pendientes
Para los activistas lo más importante era lograr la libertad de los labriegos con la anulación de la sentencia, sin embargo quedan temas pendientes, como conocer "qué fue lo que pasó en Curuguaty", lograr la titularidad de la tierra de esos pueblos nativos y levantar las imputaciones de más de 50 campesinos, explica Durán.
Además, es necesario que se abra una investigación sobre la muerte de los 11 campesinos, que según la historiadora "entre los testigos del juicio hay asesinos confesos", que con "entusiasmo contaron que barrieron con su ametralladora a los que trataban de huir corriendo".
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Los mataban "como quien mata conejos" dijo la activista, que acompañó varias huelgas y llegó a manifestarse esposada en el Palacio de Justicia durante dos días seguidos.