Las razones que esgrimieron tanto el presidente Macri como el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, para sustentar la adopción de esta medida se centraron en la necesidad de "contar con fuerzas especializadas que trabajen en la lucha contra el narcotráfico y el combate al terrorismo". Además, se refirieron a la "protección de objetivos estratégicos" (centrales nucleares, represas, yacimientos u otros tipos de "activos del Estado").
En enero pasado, Patricia Bullrich anunciaba desde Washington la instalación de una 'task force' de la DEA (la Agencia Antidrogas de EEUU) en la frontera norte; y la concreción de un acuerdo de capacitación con el FBI, luego de recorrer las oficinas de la agencia de Seguridad Interior de EEUU (Homeland Security), rindiendo penosa pleitesía a los máximos agentes del imperialismo en nuestro continente.
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A esto debemos sumar los jugosos contratos en materia de Defensa que Argentina ha firmado en el último tiempo con corporaciones de Estados Unidos e Israel.
Muestra de ello es la reciente instalación de un enclave de este tipo en la provincia de Neuquén, cercano a los yacimientos de Vaca Muerta. Su establecimiento está íntimamente ligado al despliegue de las fuerzas estatales anunciado por el presidente, lo cual denota que, en lo referente a la "protección de activos del Estado", el Gobierno está dispuesto a evitar con violencia que se repitan protestas como las que ocurrieron en el pasado contra la saqueadora y contaminante Barrick Gold.
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La resistencia mapuche que habita en las zonas del sur del país y se resiste a la expropiación de sus tierras por parte de magnates y monarcas extranjeros amigos de Macri, también será blanco de esta nueva política que da vía libre a la represión 'con botas'. Los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ocurridos en 2017 a manos de la Gendarmería Nacional, terminaron siendo un anticipo del oscuro devenir que nos depara. La difusa figura de 'terrorismo' utilizada por los popes de la seguridad nacional y repetida por los periodistas devenidos en mercenarios de la palabra, seguirá utilizándose para justificar la represión ante cualquier forma de protesta y oposición. y continuará requiriendo el aplastamiento de muchos derechos y libertades democráticas.
México y los agentes de la muerte
Desde que el Gobierno de Felipe Calderón autorizó la actuación del Ejército en la guerra narco (2006), aumentaron los asesinatos, masacres, torturas y desapariciones forzadas cometidos por militares. Un episodio tan representativo como aberrante tuvo como protagonistas a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.
El 30 de abril de 2011, luego de una redada antinarcóticos en el estado de Chihuahua, su gobernador, César Duarte, anunciaba que se habían apoderado de "la mayor cantidad de armas en la historia de Ciudad Juárez", sin saber que muchas de las armas incautadas provenían de Estados Unidos y del programa 'Fast and Furious'.
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Se estima que más de 2.000 armas fueron introducidas a México bajo este programa.
Colombia y los mercenarios de la DEA
En Colombia también fue expuesto el contubernio entre el Estado y el narcotráfico: ambos se encargaron de organizar, entrenar y armar a peligrosos "ejércitos mercenarios" o "paramilitares". El principal objetivo de estas milicias era la eliminación de la disidencia política y de los grupos de resistencia al despojo de sus tierras.
Mientras tanto, la DEA viene acumulando un creciente "éxito" en materia de intervención monopólica sobre la lucha "antinarcotráfico". En 2017 se supo, a través de un informe desclasificado por la misma agencia, que el 92% de la cocaína que había ingresado el 2016 a Estados Unidos era colombiana, cifra que arrojó el nivel más alto de producción del que se tuvieran datos y que representó un incremento del 35% con respecto a 2015, en tanto que triplicó las cifras de 2012.
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Diferentes planes para el mismo objetivo
Queda claro que cada intervención de Estados Unidos en Latinoamérica ha tenido sus particularidades, aunque las figuras empleadas para justificar su presencia no presentan demasiadas diferencias. La lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otras gastadas figuras se han utilizado como pantalla para la militarización y la injerencia en distintas parte del mundo. Sobran los "contradictorios" resultados de la lucha antidroga encabezada por los diversos comandos norteamericanos, así como los gravísimos escándalos de corrupción que han dejado a la vista la cooperación entre 'salvadores' y 'villanos'.
El poder estadounidense en América Latina no se equipara al de ninguna potencia aunque, en este último tiempo, el creciente avance de sus competidores orientales ha llevado pánico a las oficinas del Péntágono. No es de extrañar que el actual fortalecimiento de la dependencia argentina y latinoamericana hacia Estados Unidos tenga que ver con una ofensiva bien planificada.
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Es así que, aprovechando la servil condición de muchos de los liderazgos latinoamericanos actuales, Estados Unidos y algunos socios menores han decidido reorganizar y aumentar su dominación, implementanto nuevos y viejos planes con raídas excusas: la militarización y la represión son parte de esta nueva embestida.
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