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Líder del Senado boliviano: juicio no impediría candidatura de expresidente Mesa

LA PAZ (Sputnik) — El presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, José Alberto Gonzales, aseguró que un eventual juicio de responsabilidad contra el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) duraría al menos dos años y no le impediría ser candidato para las elecciones generales de 2019.
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"Que descarte el señor Mesa de sus argumentaciones, o quienes piensan esto, que se trata de un juicio político para inhabilitar al señor Mesa, no es ésa la intención", dijo Gonzales en diálogo con reporteros.

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Mesa, quien ha acusado varias veces al Gobierno de Evo Morales de intentar su "demolición política", no ha confirmado ni negado si será candidato presidencial en las elecciones generales previstas para diciembre de 2019, aunque varias encuestas lo identifican como el opositor mejor ubicado para enfrentar al actual presidente.

El presidente del Senado declaró a los medios horas después de que se informara desde Sucre, la sureña ciudad capital del Órgano Judicial, que la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió recomendar la apertura formal de un juicio contra Mesa.

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El expresidente está acusado por la Procuraduría General del Estado de haber revertido de manera supuestamente ilegal las concesiones mineras de la empresa chilena Quiborax en el salar de Uyuni (sudoeste), lo que terminó costando al Estado 42,6 millones de dólares, según dispuso recientemente un tribunal internacional.

"Quienes apoyan a Mesa, que se queden tranquilos porque no vamos a alcanzar con nuestros plazos a meterlo preso o a hacer una sentencia ejecutoriada; tranquilos los que están nerviosos con ese tema, el propio señor Mesa, si está nervioso con el tema, que se quede tranquilo", insistió Gonzales.

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El senador oficialista señaló que, según los procedimientos habituales en los tribunales bolivianos, el eventual juicio a Mesa "no demorará menos de dos años".

La ley boliviana dispone que solo una sentencia ejecutoriada puede inhabilitar la eventual candidatura presidencial de Mesa, vicepresidente y sucesor del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fue forzado a renunciar por revueltas populares en octubre de 2003.

En el caso Quiborax, la sala plena del TSJ tiene previsto considerar este miércoles si da curso al juicio recomendado por su sala penal a instancias de la Fiscalía General y la Procuraduría, para lo cual necesita la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El oficialismo tiene más de dos tercios de votos necesarios en la Asamblea para aprobar el procesamiento del exmandatario. 

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