Dos ministros, una exministra y el procurador general "son los que deben ser llevados a juicio de repetición de carácter civil para responder por ese dinero", dijo Mesa, el potencial principal rival del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019, en una declaración a radio Panamericana.
Ese fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial, castigó a Bolivia al cabo de 14 años de un proceso iniciado por Quiborax en respuesta a un decreto de Mesa de 2004 que revirtió al Estado las concesiones de explotación de esa empresa en el salar de Uyuni.
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Hecho el pago a principios de junio, la Procuraduría General del Estado pidió la apertura de un juicio de responsabilidades contra Mesa, que recibió ya el visto bueno de la Fiscalía General y está ahora en consideración del Tribunal Supremo antes de que la Asamblea Legislativa lo autorice formalmente.
Ellos son "los únicos responsables de esta barbaridad, que han cometido delitos de complicidad con abogados chilenos, que han tomado decisiones que corresponden al poder Judicial", afirmó.
Insistió en que la derrota de Bolivia en el CIADI, por el caso Quiborax, no fue causada por su decreto de 2004 sino por la "mala defensa" que habría hecho el actual Gobierno.
"El expresidente Mesa no ha seguido lo que él mismo ha hecho aprobar en sus normas, tenía que hacer unas auditorías, tenía que seguir unos pasos para hacer esta reversión y no lo ha hecho, es producto de eso que hemos tenido un fallo en contra y obviamente tenemos que tomar las medidas necesarias para también repetirle a quien nos ha causado este daño", afirmó Guillén.
Mesa, quien se ha negado a declarar ante la Fiscalía en la investigación preliminar del caso, ha presentado ya media docena de memoriales al Tribunal Supremo pidiendo que el juicio no sea abierto formalmente y que por el contrario se inicie proceso contra miembros del Gobierno de Morales.
