"Gracias a todas las muestras de apoyo nacionales e internacionales. Aunque la situación de mi Patria desgarra el corazón, tengo la serenidad que nace de la convicción de que tantos abusos e infamias más temprano que tarde se derrumbarán, y que junto a nuestro pueblo, venceremos", escribió el exmandatario en su cuenta de la red social Twitter.
A las expresiones de Correa se sumaron también las de sus abogados y simpatizantes; el líder de su defensa, Caupolicán Ochoa, dijo no comprender la decisión de los jueces, pues en su opinión "no existen pruebas y las acusaciones son inconsistentes y contradictorias".
Para él, lo ocurrido devela "la persecución política de la que nuestro patrocinado está siendo objeto".
"El daño está hecho, cualquiera que sea el resultado de la audiencia preparatoria de juicio, van a dejarlo en estado de indefensión", anotó el jurista.
En la misma línea, el político y simpatizante de Correa Virgilio Hernández apuntó que con la ratificación de la prisión preventiva está "confirmada la persecución" contra el exmandatario.
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Las demostraciones de apoyo surgieron a raíz de que el tribunal conformado por Marco Rodríguez, Richard Villagómez e Iván Saquicela decidiera mantener la orden de captura contra Correa por considerar que no existen argumentos jurídicos suficientes para levantarla.
Durante la audiencia, el fiscal de la nación, Paúl Pérez, defendió la orden de prisión y pidió a la justicia ratificarla debido a que Correa "no cumplió con lo dispuesto por la jueza Daniella Camacho", que había pedido al expresidente presentarse desde el pasado 2 de julio ante la Corte Nacional de Justicia cada 15 días.
"Actualmente, el exmandatario no se ha presentado a las diligencias del caso, demostrando que existiría un alto riesgo de fuga", agregó el funcionario.
Para el expresidente la intención de una medida de ese tipo era provocar su inobservancia para justificar así la prisión preventiva y dar paso a una "persecución política" en su contra.
Para el 31 de julio, en cambio, está previsto que se realice la audiencia preparatoria a juicio, donde se determinará si Correa y cinco involucrados más serán o no procesados por el rapto de Balda.
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La justicia nacional vinculó al exjefe de Estado luego de que exfuncionarios señalaran en sus versiones que la orden de ejecutar el secuestro vino desde Carondelet (palacio de Gobierno) y del propio expresidente.
El exlegislador opositor se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.