"El objetivo del colectivo es impulsar una reforma constitucional para designar un fiscal general autónomo, independiente del poder Ejecutivo, para despolitizar la justicia", dijo a esta agencia Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Asimismo, la exigencia de organizaciones especializadas en la materia es "asegurar de que no cuente con vínculos con ninguno de los poderes políticos o económicos, que pueda afectar sus objetivos y garantizar su profesionalismo en su trabajo, para defender el derecho a la justicia de las personas víctimas de violaciones de sus derechos humanos", enfatizó.
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En la reunión, los próximos altos funcionarios federales de la presidencia de López Obrador se comprometieron a "establecer una mesa de trabajo para intercambiar puntos de vista acerca del modelo de procuración de justicia en el que se inscribe la nueva Fiscalía General".
Por parte de los organismos civiles, asistieron Eduardo Bohórquez, de Transparencia Internacional, Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho; María Elena Morera, causa en Común, Haydeé Pérez, del centro de análisis Fundar Alberto Solis del Servicio de Asesoría para la paz.
Designación presidencial no es garantía
El tema es el principal punto de desencuentro del líder de la izquierda nacionalista que ganó la presidencia en su tercer intento, a sus 64 años, porque él propone designar a una terna y enviarla a al Congreso para que escoja entre ese reducido abanico, como establece actualmente la ley.
"Se requiere control ciudadano y del Congreso, porque el presidente no garantiza que en el proceso de formación de las propuestas sea el más transparente frente a la sociedad", subraya Guevara, quien preside desde mayo de 2017 un grupo de trabajo especializado del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por parte de la sociedad civil mexicana.
La exigencia es "que exista transparencia y la posibilidad de participación ciudadana a lo largo del proceso de selección, con la posibilidad de rendición de cuentas, y no una terna con perfil similar, a la que evidentemente se llegaría sin conocer cómo fue seleccionada, con criterios personales para ser escogidos como el mejor perfil profesional", enfatiza el experto.
En suma, el objetivo es que la justicia en el país, "termine de estar apegada a los interese políticos en general".
Entre esos delitos mencionó el combate a la corrupción, erradicar la tortura, sancionar a los responsables de desapariciones forzadas, homicidios dolosos y secuestros.
Detrás de la impunidad está la realidad de que ninguna procuraduría ha funcionado, "y es poco probable que se resuelva mágicamente con personas que sean de la confianza de un mandatario, que confía en su probidad", terminó.
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Tras la reunión, las partes acordaron establecer en las próximas semanas una mesa de consultas entre el equipo de transición y la sociedad civil en la que "se informará puntualmente a la opinión pública sobre sus resultados".
Ambas partes reconocieron la apertura al diálogo y se comprometieron a "mantener esta dinámica democrática", dijo en un comunicado el colectivo "Fiscalía que sirva".
La impunidad ha llegado a niveles tan altos que más de 95% no se denuncian en el país, porque no se confía en las autoridades del Ministerio Público, ni en los jueces, ni en las policías.