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Expresidente ecuatoriano Correa no se presentó ante la justicia y pedirá nueva fecha

QUITO (Sputnik) — El expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), no se presentó el 12 de julio a ampliar su versión sobre los hechos relacionados con el intento de secuestro del político opositor Fernando Balda en 2012, en el que se le acusa de haber autorizado el rapto, por falta de garantías.
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"Se ha realizado el análisis correspondiente y hemos determinado como parte de la defensa técnica que no existen en este momento las garantías adecuadas para que el expresidente Rafael Correa pueda rendir su versión", dijo a la prensa uno de sus abogados, Fernando Molina.

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Sin embargo, Molina aclaró que el exmandatario tiene voluntad para colaborar con la investigación, por lo que su defensa está "analizando en las próximas horas presentar un escrito para que se determine dentro del tiempo de la instrucción fiscal nuevo día y nueva hora" para la presencia de Correa ante la justicia.

Sobre la falta de garantías, el jurista explicó que contra Correa aún pesa una orden de prisión, aunque la apelación a esta medida todavía está en trámite, lo mismo que la alerta roja de Interpol, que "aún está pendiente".

La justicia ecuatoriana vinculó al exjefe de Estado al secuestro de Balda luego de que exfuncionarios señalaran en sus versiones que la orden de raptar al político vino desde Carondelet (palacio de Gobierno) y del propio Correa.

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Tras incumplir la orden judicial que le ordenaba a Correa presentarse ante la justicia cada 15 días, la magistrada Daniella Camacho emitió una orden de prisión preventiva en su contra con el fin de avanzar en las investigaciones.

El secuestro de Fernando Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, cuando cinco personas lo interceptaron y lo embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.

El exlegislador opositor se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.

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