El colectivo hizo "un llamado al Senado mexicano a abstenerse de nombrar a un fiscal general sin antes contar con una fiscalía independiente del poder económico y político", dijeron en un pronunciamiento conjunto.
Una fiscalía autónoma del poder Ejecutivo, "permitiría sentar las bases de un sistema de procuración de justicia verdaderamente capaz de acabar con la corrupción y la impunidad", dice la petición.
Para convertir a México en un país democrático, se requiere "una institución que investigue los delitos y los persiga con eficiencia, que sea independiente y capaz de combatir la impunidad", indica el posicionamiento.
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A pesar de que saludaron la intención de los legisladores que termina su mandato de concluir procesos importantes que han quedado rezagados, "esos cambios tan relevantes para el futuro de México no pueden ser concluidos por la Legislatura saliente de manera apresurada", advirtieron.
Si el nuevo fiscal general es "designado de manera exprés" no podría operar dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) que "está en ruinas y plagada de vicios", dice la advertencia.
Pieza maestra contra la impunidad
Esa institución, encargada de investigar delitos y sancionar a los responsables, requiere trabajar "que sea independiente, creíble y capaz de combatir la impunidad y la injusticia", subraya el pronunciamiento a menos de una semana de las pasadas elecciones presidenciales y legislativas.
Sin esa reforma pendiente, la nueva fiscalía "arrastraría los vicios y problemáticas endémicas de la actual PGR", alertaron.
El anterior procurador general, Raúl Cervantes, renunció a su cargo en octubre del año pasado, cuando el Senado impidió que se convierta automáticamente en fiscal general, y desde entonces el cargo está acéfalo, con un procurador interino.
Desde entonces, se paralizó la investigación de los sobornos que pagó en México la constructora brasileña Odebrecht, que involucran al Gobierno saliente de Enrique Peña Nieto.
Cervantes dijo en su carta abierta de renuncia al Senado, que las pesquisas habían concluido con éxito y que solo faltaba ordenar la imputaciones.
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En cambio, para la designación de los titulares de la fiscalía la general de la federación, del fiscal anticorrupción y de la fiscalía especial para delitos electorales, López Obrador propone enviar una terna de funcionarios que él designaría, como presidente, para que el Congreso elija entre ellos.
El nuevo Poder Legislativo electo el 1 de julio pasado entrará en funciones el 1 de septiembre próximo, y 1 de diciembre de 2018 comenzará el mandato de seis años del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que ganó las elecciones con más de 53 por ciento de sufragios.
La coalición gobernante tendrá más de la mitad de los asientos del Congreso, pero no contará con las tres cuartas partes necesarias para emprender en solitario reformas constitucionales.