"Estamos entusiasmados por el proyecto de ley que se ha remitido, creemos que es un gran paso en la dirección correcta; en esencia, en el espíritu, consideramos que tiene un visión que se orienta a devolver las libertades a este país, a los colegas, pero fundamentalmente a los ciudadanos", declaró el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, tras un encuentro con el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno.
Entre las reformas planteadas por el Ejecutivo ecuatoriano está la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos opine sobre la pertinencia de que la comunicación sea considerada un servicio público, tal como consta en la Constitución del país, algo que la SIP considera oportuno, pues aquello "es un absurdo" ya que "la libertad de expresión es un principio universal que rige en todo el mundo", anotó Mohme.
La asociación de prensa también formuló una invitación al mandatario para que participe en la convención que celebrará en octubre el organismo y "ha sido recibida de buena manera", indicó el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena.
Por su parte, Moreno recordó que dentro del proyecto enviado al legislativo consta como principio "la libertad para poder informar sin cortapisas (y) sin presión", debido a que la ley promulgada durante el Gobierno de su antecesor, Rafael Correa (2007-2017), "no había cumplido con su propósito" sino "todo lo contrario", pues "nosotros esperábamos que sea una ley que haga justicia, orientadora, coordinadora, pero fue exactamente lo contrario y se convirtió en una ley punitiva".
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La propuesta más relevante de la reforma presentada al parlamento el pasado lunes, elimina el esquema administrativo de sanción y control, desapareciendo la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y dando paso a que sea la Defensoría del Pueblo "la que ejerza el tutelaje y protección por los derechos fundamentales, en conjunto con la justicia constitucional y ordinaria".
Este había sido uno de los puntos más criticados de la ley vigente debido a que varios medios de comunicación y periodistas fueron sancionados en los últimos años por la Supercom, que estaba presidida por uno de los funcionarios más allegados a Correa, cesado hace pocos meses en el cargo por el Consejo de Participación Ciudadana.
El proyecto de reforma contiene 80 artículos y 10 disposiciones generales y transitorias y deberá ser aprobado por el Consejo de Administración Legislativa para su posterior tratamiento en una de las comisiones de la Asamblea Nacional.