"Tenemos un presidente que respeta los derechos humanos y estas reformas apuntan a tener una ley, sí, pero no una que atente contra los derechos, sino que los proteja", dijo el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, durante la entrega del proyecto a la presidenta del legislativo, Elizabeth Cabezas.
Este había sido uno de los puntos más criticados del cuerpo vigente debido a que varios medios de comunicación y periodistas fueron sancionados en los últimos años por la Superintendencia, que estaba presidida por uno de los funcionarios más allegados a Correa, cesado hace pocos meses en el cargo por el Consejo de Participación Ciudadana.
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El texto de cambio promueve, además, "el respeto absoluto" a los estándares internacionales y principios constitucionales y convierte a la ley en una normativa "garante de derechos".
Otra de las directrices propone fortalecer el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información "en su papel de regulador, desarrollador y promotor de la comunicación, incorporando a un representante de la academia".
En el quinto eje aparece el tema de la autorregulación donde se indica que los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios o ciudadanos "avanzarán hacia un proceso interno que mejore sus estándares propios de calidad y responsabilidad".
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En otros temas, la reforma a la Ley de Comunicación abre la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos opine sobre la pertinencia de que la comunicación sea considerada un servicio público, tal como consta en la Constitución.
Para Michelena, esta reforma "busca dejar atrás un sistema administrativo de sanción y control y pasar a un sistema de perfeccionamiento de los espacios de defensa y protección de los derechos humanos".
El texto mantiene propuestas como el fomento intercultural, los derechos de los comunicadores, la reserva de la fuente, el derecho profesional y la protección a los menores de edad.
El proyecto contiene 80 artículos y 10 disposiciones generales y transitorias, y deberá ser aprobado por el Consejo de Administración Legislativa para su posterior tratamiento en una de las comisiones de la Asamblea Nacional.
