"Aquí no hay nada oscuro, nosotros hemos estado en permanente comunicación con el Gobierno Nacional, informándole cada uno de los pasos que se han dado con esos recursos y lo que sucede es que se ha venido generando una especie de presión y de cerco contra todas las actividades que nosotros desarrollamos", dijo el integrante del consejo político de FARC, Carlos Antonio Lozada, en diálogo con la emisora local Blu Radio.
Se trata, según el magistrado, de más de 5.000 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) que el estatal Banco Agrario desembolsó a la FARC para los gastos correspondientes a la campaña para el Senado de la República.
"Hoy podemos decir que prácticamente hay en curso una persecución contra la actividad política, legal y abierta que desarrolla la FARC [Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común]", dijo Lozada.
Al respecto, el magistrado Rivera señaló ante la emisora que, sin buscar adelantarse a la investigación que realizará el CNE sobre el dinero, el mismo debería estar en la cuenta del partido y no en una personal.
"Eso es como si un ministro saca la plata [dinero] del ministerio y la pone en una cuenta particular; en este momento lo mejor es que devuelvan la plata al Banco Agrario", explicó el magistrado, quien aclaró que lo que se busca es que los recursos regresen "donde deben estar".
Por su parte, Lozada consideró que este hecho se corresponde con intereses políticos de los magistrados que componen el CNE.
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