"Recibimos 32 ofertas de siete empresas internacionales y 19 empresas nacionales", anunció en su cuenta de Twitter el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
El Ejecutivo de Mauricio Macri licitará en total 3.353 kilómetros de carreteras nacionales en las provincias de Buenos Aires (este), Córdoba (centro), La Pampa (centro) y Santa Fe (centro-este).
El Gobierno nacional espera recaudar unos 12.500 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones serán impuestos, según el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Las obras comenzarán en unos meses y se extenderán por cuatro años.
Los programas de participación público-privada establecen la concesión de las obras para las empresas inversoras por un plazo de 15 años.
A cambio, los contratistas deberán adelantar aproximadamente el 10% del valor de los proyectos, y después buscar en el mercado el monto restante.
La ley de Participación Público Privada, sancionada en noviembre de 2016 y reglamentada en febrero del año siguiente, autoriza al Poder Ejecutivo a adjudicar contratos a empresas que puedan hacer frente al financiamiento de grandes proyectos, como acueductos o construcción y reparación de carreteras.
Las empresas contratistas serán beneficiadas con varias exenciones fiscales, entre otras, el impuesto de valor agregado (IVA), que en Argentina es del 21%, y el impuesto a las ganancias (a la renta).
Las constructoras también serán autorizadas a recurrir a un tribunal extranjero en caso de litigio con el Estado argentino.
Entre el 16 de mayo y el 1 de junio se conocerán las compañías elegidas para hacerse cargo de los proyectos viales.