"Tenemos que exigir al poder público federal intervención rápida de la Policía Federal, de los órganos de seguridad federales sobre este caso", explicó al diario Folha de Sao Paulo el diputado Marco Maia, que calificó el acto como un "atentado político".
Maia y otros diputados aseguraron que pedirán que el caso pase a un nivel federal (técnicamente le correspondería a la Policía Civil del estado de Paraná) y que exigirán a la Procuraduría General de la República una investigación rápida sobre los hechos.
Los legisladores relacionaron el ataque a Lula con el asesinato de la concejala del Ayuntamiento de Río de Janeiro, Marielle Franco, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad.
"Estamos frente a una escalada violenta de un sector fascista de la sociedad brasileña contra el mundo de la política", remarcó Maia.
Dos autobuses de la caravana del expresidente Lula recibieron disparos la tarde del 27 de marzo cuando salían de la ciudad de Quedas do Iguaçu (estado de Paraná), aunque no hubo heridos ni daños graves.
El propio Lula criticó duramente el 27 de marzo estos actos violentos, pidió a sus detractores que intenten vencerle democráticamente presentándose a las elecciones y comparó la situación que sufrió con el surgimiento del nazismo.
Lula fue condenado a 12 años y un mes de prisión por presuntos delitos de corrupción y podría entrar en la cárcel en las próximas semanas, a pesar de que es el precandidato del PT para las elecciones presidenciales de octubre y el favorito en todas las encuestas de opinión.
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El Tribunal Supremo Federal juzgará el próximo 4 de abril un habeas corpus (petición para que se evalúe la legalidad de un arresto) que en caso de ser aceptado podría evitar temporalmente la entrada de Lula en prisión.