"La idea es que la Corte haga respetar su sentencia y los estándares internacionales de derechos humanos y exija al Estado que haga lo mismo y que adecue su normativa para que pueda estar de acuerdo a los convenios internacionales que el Estado ha suscripto desde hace años", dijo Huaylinos desde Costa Rica, donde se realizará la audiencia.
Una de las medidas dispuestas por la Corte Interamericana en sus sentencias sobre esas matanzas fue la obligación del Estado de identificar, juzgar y sancionar a los culpables.
La justicia condenó en 2009 a Fujimori como autor intelectual de la masare de 15 personas en el vecindario de Barrios Altos en 1991, y de la perpetrada en la Universidad de La Cantuta en 1992, donde fueron asesinadas 10 personas.
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Ambos crímenes fueron cometidos por un escuadrón del Ejército conocido como el grupo Colina, que dependía directamente de la mano derecha de Fujimori, Vladimiro Montesinos.
A raíz del perdón, Fujimori cumplió solo 12 de los 25 años de condena por homicidio calificado y secuestro agravado, pero tenía también condenas por actos de corrupción.
La resolución del Gobierno, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de diciembre, argumenta que el indulto está previsto en la Constitución.
Precedente
"La Corte no va a anular el indulto, lo que estamos pidiendo que haga es algo similar a lo que hizo con el caso de Barrios Altos en 2012-2013", indicó el abogado.
Para asistir a la audiencia de este viernes viajaron a la capital de Costa Rica dos familiares de víctimas de Barrios Altos y otros dos por La Cantuta, además del abogado y representantes de la Aprodeh y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
La Aprodeh y el Cejil solicitaron en diciembre con carácter de urgencia una audiencia a la Corte IDH para analizar cómo impactaba el indulto a Fujimori en las sentencias sobre Barrios Altos y La Cantuta.
Por otra parte, la organización Amnistía Internacional presentó ante la Corte Interamericana su posición sobre el indulto concedido a Fujimori.
El Estado peruano "aún no ha presentado elementos que permitan acreditar las condiciones exigidas para la liberación anticipada del expresidente Alberto Fujimori", indica un comunicado de Amnistía despachado el miércoles.
"La liberación anticipada, incluso por razones humanitarias, en ninguna circunstancia debe implicar la extinción de la condena ni representar una medida que perpetúe la impunidad", dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
El 2 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volverá a tratar el asunto del indulto a Fujimori en otra audiencia.