Moreno fue elegido para el cargo en mayo pasado como representante del partido-movimiento Alianza País, con el que Correa se había mantenido en el poder durante una década (2007-2017). Moreno venció al candidato de la derecha, el exbanquero y millonario Guillermo Lasso, por menos de tres puntos de margen (51,16% de los votos frente al 48,84%). El perdedor no reconoció la victoria, calificó de fraude el resultado y presionó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que llevara a cabo un recuento de las papeletas. El triunfo de Moreno quedó confirmado.
Durante la campaña electoral, Moreno se había postulado como un político continuista de la llamada Revolución Ciudadana, alabando la gestión y la personalidad de su predecesor, quien había anunciado que dejaba la política activa y se iba a vivir a Bélgica, de donde su esposa es oriunda.
Precisamente en este asombroso contexto, llegaron a Ecuador las ondas de choque de un escándalo monumental de corrupción iniciado en Brasil: el caso Odebrecht. Alcanzaron a altos funcionarios del Gobierno de Correa, pero muy especialmente al vicepresidente Jorge Glas, que fue condenado a seis años de cárcel.
Lea también: Jorge Glas, uno de tres vicepresidentes latinoamericanos que cayeron en desgracia
Los "casos descubiertos, magnificados por los políticos de la antigua oposición y los medios de comunicación que los secundan, golpearon seriamente la imagen de la Revolución Ciudadana", estima Juan José Paz y Miño Cepeda, profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Lea más: Partido gobernante de Ecuador, enfrentado y dividido por lucha de poder de sus líderes
Así, Moreno y su equipo convocaron para el 4 de febrero una consulta popular, con siete preguntas, un referéndum que tiene como objetivo legitimar las nuevas circunstancias políticas y dar rápida sepultura al correísmo. Son tres las cuestiones de mayor importancia y controversia: la número dos, que propone negar la reelección indefinida; la número tres, que restructuraría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); y la número seis, que derogaría la ley de plusvalía.
Si se aprobara esta modificación, el Parlamento nombrará a los siete miembros del CPCCS de transición (en el futuro sería por elecciones) entre las ternas que envíe el Ejecutivo. En otras palabras, el Gobierno quiere que los componentes del CPCCS sean elegidos mediante votación y no por un concurso de oposición y méritos como se ha estado haciendo hasta ahora.
Le puede interesar: Corte Constitucional de Ecuador admite pedido de consulta popular para reformar leyes
"Se interviene, por tanto, en una de las cinco funciones del Estado creadas por la Constitución de 2008 y además, de triunfar el sí, es previsible que las nuevas autoridades resulten de las componendas políticas, involucrando al Ejecutivo. Sería un retroceso histórico a los amarres típicos de la vieja clase política, que parecían superados desde 2007", escribe Paz y Miño Cepeda en un artículo publicado en el diario mexicano La Jornada.
Además: La posibilidad de limitar el mandato presidencial divide a los ecuatorianos
Las cinco funciones del Estado ecuatoriano a las que el historiador hace referencia son la ejecutiva, la legislativa. La judicial, la electoral y la de transparencia y control social.
Finalmente, la sexta pregunta del plebiscito supone una clara concesión al sector empresarial que considera que el impuesto sobre la venta de bienes inmuebles afecta sus negocios.
Más: Rafael Correa, más presente que nunca en Ecuador
Correa denunció que las personas allí reunidas fueron enviadas por las autoridades locales afines a Moreno. Por su parte, el actual mandatario se desmarcó de esa acción intimidatoria al escribir en su cuenta de Twitter que "nada se resuelve con agresiones verbales o físicas" pues "nadie tiene por qué ser agredido", a la vez que subrayó que hay que "desterrar el odio y la violencia".
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK