"El Gobierno ha decidido apostar por defenestrar a quienes impulsan acciones que rechazan el código", dijo a esta agencia el diputado Wilson Santamaría, de la opositora Unidad Demócrata (UD).
La medida extrema de los parlamentarios de la UD se sumó a la ola de protestas que surgió contra el código desde su promulgación en pasado 15 de diciembre.
Santamaría justificó la huelga de hambre opositora como una decisión que busca acompañar la protesta de distintos sectores que cuestionan la norma impulsada por el Gobierno de Evo Morales.
"No podemos abandonar a un pueblo movilizado, por esa razón estamos en la Asamblea Legislativa con esta medida", remarcó el diputado al pedir que el Gobierno disponga la abrogación del código y abra escenarios para revisar la ley.
La Central Obrera Boliviana —el principal sindicato de país—, sectores del transporte pesado, asociaciones de periodistas, las iglesias católica y evangélica, comités cívicos y colectivos ciudadanos contrarios al Gobierno se mantienen movilizados contra el Código del Sistema Penal.
Estos sectores consideran que esa ley no solo vulnera sus derechos y contradice la Constitución Política del Estado, sino que fue aprobada sin consenso.
Postura oficialista
Por su parte, la diputada Valeria Silva, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), calificó de "oportunista" la actitud de los legisladores opositores y aseguró que estos estuvieron en el debate y en la aprobación del nuevo código en la Asamblea Legislativa.
"Las actitudes de rechazo al Código del Sistema Penal tiene que ver más con un oportunismo político al que están acostumbradas las bancadas opositoras", dijo a Sputnik la diputada oficialista, quien agregó esos asambleístas que piden anular la norma "son los mismos que lo han aprobado".
"Esa afirmación de decir que está creciendo el apoyo a la anulación del nuevo código está un poco inflada por parte de algunos medios de comunicación", continuó la parlamentaria, quien aseguró que la norma fue consensuada entre sectores de las iglesias, movimientos de mujeres y transportistas, entre otros que tienen representación en la Asamblea Legislativa a través del MAS.
El oficialismo ve inviable la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal y considera, según Silva, que es un instrumento para acabar con los males que aquejan a la justicia boliviana.
Lea también: Presidente de Bolivia alega que opositores impulsan guerra digital contra su Gobierno
El 10 de enero la Central Obrera Bolivia impulsará un paro de 24 horas exigiendo la derogación de la ley y para el 12 de enero está previsto un paro cívico en el departamento de Santa Cruz (este).