"En el proceso político que vive Bolivia se ha impuesto una conflictividad destructiva que está generando fisuras en la sociedad boliviana en deterioro de los derechos humanos", dijo el especialista.
Párraga, responsable de atención y resolución de conflictos de la Defensoría del Pueblo entre 1999 y 2006, se refirió a una secuencia de diferendos que vivió el país en 2017 con altos niveles de confrontación.
Estos se manifestaron con los productores de coca de los Yungas de La Paz (oeste), que rechazan la Ley General de la Coca en marzo, y con los indígenas del Tipnis (centro) que se oponen a la construcción de una carretera por esa reserva natural, entre agosto y noviembre.
Los otros dos frentes los protagonizaron los campesinos de Achacachi (oeste) que se alzaron contra la corrupción de su alcalde entre julio y agosto; y los médicos que mantienen una huelga general de 37 días desde noviembre.
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"Estos conflictos han mostrado una sociedad sin un portavoz que invoque ante las autoridades el respeto a los derechos humanos y la democracia y genere espacios para el diálogo", dijo Párraga.
El Gobierno, opinó, carece de una política de resolución de conflictos y se empeña en encararlos "bajo la lógica de la exclusión, la agresión y la judicialización de la política para eliminar al adversario".
"El Gobierno difícilmente podrá llevar adelante un diálogo democrático, porque no promueve una cultura democrática", insistió Párraga.
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En su opinión, es urgente construir una cultura de paz y de diálogo de entender al otro, "pero fundamentalmente de actuar en el marco de la honestidad, de reconocer al otro como ser humano y no verlo como un enemigo".
Falta de estrategia
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, admitió que el Gobierno no cuenta con un mecanismo para resolver los conflictos que ocurren en el país.
"Hay que decir autocríticamente que no hubo una política coherente para apagar este tipo de conflictos; otrora había mecanismos para prevenir el conflicto y hoy estamos viendo que ese mecanismo está fallando en algunos ministerios", dijo a Sputnik el legislador del gobernante Movimiento Al Socialismo.
Asimismo, Borda observó que el Gobierno debe mejorar su capacidad de comunicación y socialización de las normas que aprueba la Asamblea Legislativa a fin de evitar protestas de los sectores involucrados.
Además, el diputado oficialista advirtió que muchas protestas reivindicativas se vieron cruzadas por intereses políticos que buscan "desestabilizar" al Gobierno de Evo Morales.
"Ahora la derecha se involucra en demandas eminentemente sectoriales, como la de la salud, para generar precisamente desestabilización política", dijo.
En su opinión, 2018 será un año mucho más conflictivo por la proximidad con las elecciones generales de 2019.
"Hay que estar preparados, va a ser un año prelectoral y seguramente muy conflictivo", advirtió.
Bolivia cierra este 2017 con un inédito paro médico y la decisión del Gobierno de Morales de no dialogar con los huelguistas y de movilizar a funcionarios del Estado para enfrentarlos.
