Ecuador apuesta por la minería pese al mandato popular contra su expansión
Ecuador apuesta por la minería pese al mandato popular contra su expansión
Sputnik Mundo
Ecuador se enfrenta a una encrucijada que define su modelo de desarrollo para las próximas décadas. Mientras el Gobierno logró el aval de la reforma minera de... 26.02.2026, Sputnik Mundo
"Existe una razón de Estado"La minería en Ecuador ya no es solo una actividad económica; es el epicentro de una batalla política y ambientalista. El país, tradicionalmente petrolero, busca en el subsuelo una tabla de salvación financiera. Sin embargo, este giro hacia la minería a gran escala se produce en un contexto de alta polarización, donde la legitimidad de las decisiones estatales es cuestionada por quienes habitan los territorios concesionados.Pedro Bermeo Guarderas, abogado con máster en cambio climático y coordinador jurídico del Colectivo YASunidos, dijo a Sputnik que la actual política no es una novedad, sino la profundización de una estructura histórica. En ese sentido, sostiene que el extractivismo en Ecuador opera bajo una lógica que trasciende las ideologías de turno.Esta estructura, según el experto, deja las externalidades negativas en las comunidades locales. "Es el saqueo de unas élites que se benefician, generalmente internacionales; son transnacionales quienes tienen los mayores beneficios del extractivismo, sea petrolero o minero", añade.El conflicto de QuimsacochaUno de los puntos más críticos de la geografía minera se encuentra en el sur, específicamente en Cuenca. Allí, el proyecto Loma Larga (anteriormente Quimsacocha) ha sido el detonante de una crisis institucional.En 2021, el 80% de los cuencanos votó en una consulta popular para prohibir la minería en zonas de recarga hídrica. Sin embargo, la operatividad del proyecto continúa. Bermeo denuncia que el Gobierno está ignorando mandatos constitucionales. "Incluso pasando por encima de consultas populares que son vinculantes, donde el 80% de la población votó en contra".En octubre del 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía anunció en sus redes sociales que se revocó la "autorización administrativa ambiental que otorgaba la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga". Este proyecto estaba en manos de la empresa canadiense Dundee Precious Metals.Esta tensión entre la democracia directa y la política ministerial está generando un clima de desconfianza en los procesos de las consultas populares ya realizadas sobre estas temáticas.La ley económica urgenteEl debate se ha trasladado ahora a la Asamblea Nacional. El Ejecutivo envió una reforma a la Ley de Minería con el carácter de económico urgente, un mecanismo que limitaba el debate parlamentario a 30 días. La propuesta, aprobada por la Asamblea Nacional, busca flexibilizar los controles ambientales, se sustituye la licencia ambiental por una autorización en la fase de exploración minera para agilizar los procesos.David Fajardo Torres, abogado, politólogo y miembro del Cabildo por el agua de Cuenca, calificó en diálogo con este medio como "nefasta y peligrosa" la iniciativa. Al respecto, afirmó que la reforma propone la militarización de los territorios y disminuye la regularización ambiental para acelerar los proyectos."Se propone la disminución de la regularización y los controles ambientales para permitir el desarrollo más rápido y menos controlado de los proyectos", advierte.Por su parte, Bermeo destaca un cambio jurídico que considera alarmante: la sustitución de la "licencia ambiental" por una simple "autorización ambiental".Un ecosistema por 92 dólaresUno de los argumentos centrales del Gobierno es que la minería es necesaria para resolver el déficit fiscal. El Observatorio de la Política Fiscal detalla que sólo en intereses, el Estado deberá pagar 4.470 millones de dólares en 2026, a este monto se suman $8.532 millones por amortizaciones de capital.En total, el servicio de la deuda alcanzará $12.822 millones. Este valor representa poco más del 70% de todos los ingresos tributarios proyectados.No obstante, Fajardo cuestiona la rentabilidad real para el ciudadano común, utilizando el ejemplo del proyecto Loma Larga. "Se prevé que en 12 años se logre la exportación de 3.600 millones de dólares. De eso, al Estado le quedaría alrededor de 840 millones producto de impuestos y regalías. Si dividimos eso por los 12 años y por las 800.000 personas que habitan en la provincia del Azuay, nos queda un ingreso de 92 dólares per cápita al año. Estaríamos permitiendo el sacrificio de un ecosistema páramo por 92 dólares por persona al año. Ese es el nivel de justificación económica con el que nos quieren convencer", detalla. Fajardo sostiene que Ecuador vive una situación de "captura corporativista", donde la institucionalidad sirve a intereses transnacionales bajo la lógica de la inversión extranjera, que termina generando una dependencia de los estados del sur global hacia los capitales del norte.El mandato de las juventudesA pesar de la presión estatal, los expertos coinciden en que la sociedad ecuatoriana ha enviado mensajes claros en las urnas. Desde la consulta del Yasuní en 2023 (donde el 60% votó por dejar el crudo bajo tierra) hasta la del Chocó Andino (72% en contra de la minería), existe una tendencia marcada, liderada por las juventudes, hacia modelos postextractivistas.Por su parte, Bermeo concluye que el problema es la desconexión entre la clase política y la voluntad popular. "Los ecuatorianos tenemos muy claro quiénes se benefician de estos proyectos. El problema es que los políticos, en vez de hacer caso a la voluntad popular, (...) terminan haciendo negocios".
Ecuador se enfrenta a una encrucijada que define su modelo de desarrollo para las próximas décadas. Mientras el Gobierno logró el aval de la reforma minera de carácter "económico urgente" para paliar el déficit fiscal, los movimientos sociales y colectivos ambientales denuncian una "captura corporativista" del Estado.
"Existe una razón de Estado"
La minería en Ecuador ya no es solo una actividad económica; es el epicentro de una batalla política y ambientalista. El país, tradicionalmente petrolero, busca en el subsuelo una tabla de salvación financiera. Sin embargo, este giro hacia la minería a gran escala se produce en un contexto de alta polarización, donde la legitimidad de las decisiones estatales es cuestionada por quienes habitan los territorios concesionados.
Pedro Bermeo Guarderas, abogado con máster en cambio climático y coordinador jurídico del Colectivo YASunidos, dijo a Sputnik que la actual política no es una novedad, sino la profundización de una estructura histórica. En ese sentido, sostiene que el extractivismo en Ecuador opera bajo una lógica que trasciende las ideologías de turno.
"Existe una razón de Estado, más allá de la tendencia del Gobierno, sea de derecha, sea centro, sea izquierda, en donde ha buscado implantar una impronta extractivista. Ecuador tiene una larga historia de extractivismo, un extractivismo basado en el despojo de los territorios, especialmente de pueblos indígenas", explica Bermeo.
Esta estructura, según el experto, deja las externalidades negativas en las comunidades locales. "Es el saqueo de unas élites que se benefician, generalmente internacionales; son transnacionales quienes tienen los mayores beneficios del extractivismo, sea petrolero o minero", añade.
El conflicto de Quimsacocha
Uno de los puntos más críticos de la geografía minera se encuentra en el sur, específicamente en Cuenca. Allí, el proyecto Loma Larga (anteriormente Quimsacocha) ha sido el detonante de una crisis institucional.
En 2021, el 80% de los cuencanos votó en una consulta popular para prohibir la minería en zonas de recarga hídrica. Sin embargo, la operatividad del proyecto continúa. Bermeo denuncia que el Gobierno está ignorando mandatos constitucionales. "Incluso pasando por encima de consultas populares que son vinculantes, donde el 80% de la población votó en contra".
En octubre del 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía anunció en sus redes sociales que se revocó la "autorización administrativa ambiental que otorgaba la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga". Este proyecto estaba en manos de la empresa canadiense Dundee Precious Metals.
Esta tensión entre la democracia directa y la política ministerial está generando un clima de desconfianza en los procesos de las consultas populares ya realizadas sobre estas temáticas.
La ley económica urgente
El debate se ha trasladado ahora a la Asamblea Nacional. El Ejecutivo envió una reforma a la Ley de Minería con el carácter de económico urgente, un mecanismo que limitaba el debate parlamentario a 30 días. La propuesta, aprobada por la Asamblea Nacional, busca flexibilizar los controles ambientales, se sustituye la licencia ambiental por una autorización en la fase de exploración minera para agilizar los procesos.
David Fajardo Torres, abogado, politólogo y miembro del Cabildo por el agua de Cuenca, calificó en diálogo con este medio como "nefasta y peligrosa" la iniciativa. Al respecto, afirmó que la reforma propone la militarización de los territorios y disminuye la regularización ambiental para acelerar los proyectos.
"Se propone la disminución de la regularización y los controles ambientales para permitir el desarrollo más rápido y menos controlado de los proyectos", advierte.
Por su parte, Bermeo destaca un cambio jurídico que considera alarmante: la sustitución de la "licencia ambiental" por una simple "autorización ambiental".
"Esto le otorga al Ejecutivo la discrecionalidad para elegir cuándo hacer un estudio de impacto ambiental o una consulta previa, libre e informada", señala el experto.
Un ecosistema por 92 dólares
Uno de los argumentos centrales del Gobierno es que la minería es necesaria para resolver el déficit fiscal. El Observatorio de la Política Fiscal detalla que sólo en intereses, el Estado deberá pagar 4.470 millones de dólares en 2026, a este monto se suman $8.532 millones por amortizaciones de capital.
En total, el servicio de la deuda alcanzará $12.822 millones. Este valor representa poco más del 70% de todos los ingresos tributarios proyectados.
No obstante, Fajardo cuestiona la rentabilidad real para el ciudadano común, utilizando el ejemplo del proyecto Loma Larga. "Se prevé que en 12 años se logre la exportación de 3.600 millones de dólares. De eso, al Estado le quedaría alrededor de 840 millones producto de impuestos y regalías. Si dividimos eso por los 12 años y por las 800.000 personas que habitan en la provincia del Azuay, nos queda un ingreso de 92 dólares per cápita al año. Estaríamos permitiendo el sacrificio de un ecosistema páramo por 92 dólares por persona al año. Ese es el nivel de justificación económica con el que nos quieren convencer", detalla.
Fajardo sostiene que Ecuador vive una situación de "captura corporativista", donde la institucionalidad sirve a intereses transnacionales bajo la lógica de la inversión extranjera, que termina generando una dependencia de los estados del sur global hacia los capitales del norte.
El mandato de las juventudes
A pesar de la presión estatal, los expertos coinciden en que la sociedad ecuatoriana ha enviado mensajes claros en las urnas. Desde la consulta del Yasuní en 2023 (donde el 60% votó por dejar el crudo bajo tierra) hasta la del Chocó Andino (72% en contra de la minería), existe una tendencia marcada, liderada por las juventudes, hacia modelos postextractivistas.
Fajardo sugiere que Ecuador debería utilizar su biodiversidad para otros fines: "Podríamos estar aprovechando para turismo científico, para bioingeniería protegiendo y cuidando a la naturaleza y no sacrificándola".
Por su parte, Bermeo concluye que el problema es la desconexión entre la clase política y la voluntad popular. "Los ecuatorianos tenemos muy claro quiénes se benefician de estos proyectos. El problema es que los políticos, en vez de hacer caso a la voluntad popular, (...) terminan haciendo negocios".
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